Los ‘viernes sociales’ de Pedro Sánchez han sido un filón para la oposición, uno de los argumentos de campaña para erosionar al presidente y candidato socialista. Sin duda, lo tienen fácil los líderes de la derecha, pues eso de recurrir a la fórmula del decreto ley no es una práctica ejemplar, ni siquiera para justificar que gracias a los mismos se sacan adelante medidas que resultan del interés general. ¡Hombre, solo faltaba que no tuvieran ese fin! Aunque incluso teniéndolo hay quien los cuestiona, pues pese a que en primera instancia causan un beneficio directo e inmediato a familias, estos pueden llegar a crear un serio problema económico derivado a futuro en el tiempo. De momento, los decretos aprobados han comprometido varios miles de millones de euros.
Sánchez, en cualquier caso, ha hecho uso de una herramienta de la que todos sus antecesores, sin distinción de color político, se han aprovechado. No debería ser eso una excusa ni una puerta abierta para que cualquiera que sea en el futuro presidente del Gobierno repita la práctica, pero tampoco está del todo bien escandalizarse desde según que filas políticas, especialmente desde las que no están libre del mismo pecado. Claro que, dentro de este rosario de decretos a los que ha tenido que recurrir el Ejecutivo para poder sacar adelante medidas que parlamentariamente no habría podido superar, se echa de menos uno que iba a poner a todos los partidos de acuerdo, o al menos a aquellos que más ayuntamientos gestionan: el que permitiría a muchos cientos de gobiernos municipales impulsar otros tantos cientos –o miles, en total– de proyectos en las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Solamente el Ayuntamiento de Valladolid tiene 24 millones de euros sin posibilidad de ser invertidos por ausencia de este decreto. Y la Diputación de Valladolid más de 1,2 millones, pero al igual que estas dos administraciones, otros muchos ayuntamientos con superávit en sus arcas están en la misma situación.
La otra vía para que pudieran haberse desbloqueado de forma automática eran los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero al no haber superado el trámite parlamentario quedó cerrada. De forma que sólo mediante un decreto, uno más de los muchos que lleva firmados Sánchez, podrían los ayuntamientos poner en circulación esa parte procedente de sus superávit, que durante un tiempo tuvieron prohibido utilizar para inversiones. En aquellos años duros de ajuste, aquellos ayuntamientos que fueran capaces de generar superávit solo podían dedicarlo a amortización de deuda con el objetivo de sanear las cuentas, debido a una medida del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Sin duda, necesaria en ese momento crítico de la economía, en el que era razonable que las administraciones públicas recuperasen la senda del ahorro y frenar el endeudamiento, en constante crecimiento durante la primera década del nuevo siglo.
La petición de muchos alcaldes al entonces Gobierno de Mariano Rajoy hizo posible que se flexibilizará la norma de Montoro. En muchos ayuntamientos de toda España, y también en los de Valladolid, la situación económica empezaba a mejorar y era razonable acceder a la solicitud de que se pudiera recurrir al superávit para poder emprender nuevas inversiones. Sobre todo, después de no menos de cinco años de duro ajuste, en los que apenas se llevaron a cabo obras en pueblos y ciudades. La situación hoy no es la misma de entonces, existe posibilidad de invertir pero las circunstancias políticas han derivado en la imposibilidad de hacerlo si no se actualiza la norma. Como he dicho anteriormente, nada menos que 24 millones de euros están en este momento listos para poderse contratar solo en una ciudad como Valladolid. Proyectos de todo tipo, desde el ámbito medioambiental al educativo y el sanitario, pasando por el urbanístico y otros; desde la adquisición de nuevos autobuses para el transporte público a la rehabilitación del mercado municipal de La Rondilla. Son solo dos ejemplos de lo que Valladolid está perdiendo, o como mínimo retrasando, porque Pedro Sánchez no ha firmado este decreto. Y como en este ayuntamiento, en todos los de la provincia con superávit y en la propia Diputación Provincial, que también está a la espera para poder acometer el arreglo de algunas carreteras y mejoras en parques de bomberos, entre otros fines. Aún no está todo perdido, pero cada semana que pase sin que el presidente se decida a firmar este decreto pueblos y ciudades estarán perdiendo la posibilidad de invertir y mover su economía. Justo, precisamente, el único decreto que no desestabiliza las cuentas del país. Incomprensible.