Los trabajadores que prestan sus servicios para la empresa francesa Clariane (antes Grupo 5) en el Centro Regional Zambrana, educadores en su mayoría, barajan movilizarse ante la "escalada de violencia, insultos y agresiones" que aseguran estar sufriendo, en buena medida, como consecuencia de las "malas condiciones laborales" en que dicen encontrarse, y que ya denunciaban hace sólo dos semanas, el 19 de septiembre, a través de una rueda de prensa que ofreció UGT.
Ese mismo acto, el de la denuncia pública, ya fue en realidad una primera medida de presión, tras la cual representantes de este sindicato se reunieron con cargos de la Consejería de Familia; y ahora los trabajadores no descartan desde celebrar una concentración de protesta hasta convocar "un paro total si no se ponen soluciones inmediatas" a los problemas que advierten, por considerar que no pueden esperar hasta que se produzca, nunca antes de mediados de 2024 en cualquier caso, un hipotético relevo de la empresa que gestiona tal servicio (actividades complementarias a la atención directa a los internos) en este centro dependiente de la Junta, que en el encuentro del pasado 22 de septiembre con cargos sindicales ya dejó abierta la posibilidad (que no certeza) de no ejercer la opción de prórroga del contrato a Clariane y sacarlo de nuevo a concurso.
En este centro viven casi 60 jóvenes de entre 14 y 21 años que cumplen medidas de internamiento ordenadas por los diferentes juzgados de la Comunidad, y la última agresión tuvo lugar durante la mañana del pasado jueves, cuando un educador sufrió "contracturas en el cuello y diversas contusiones" debido a los golpes que le infligió un menor antes de que el personal de seguridad le redujera. El trabajador, un veterano de la plantilla con 23 años de antigüedad, fue atendido en la mutua y se encuentra de baja desde entonces, recuperándose de las lesiones físicas y también de las psicológicas, por la "ansiedad, impotencia y frustración" tras lo vivido. El agresor, sin embargo, ya se ha reincorporado a la actividad del centro con normalidad, después de que fuera atendido tras el suceso en el área psiquiátrica de un hospital de la ciudad.
"Pérdida de autoridad"
UGT advertía precisamente hace dos semanas de la "progresiva pérdida de autoridad" que están sufriendo los educadores, quienes a su vez habían trasladado previamente a los sindicatos su sensación de "desprotección" por parte de Junta y la propia empresa ante un supuesto "exceso de permisividad" con los internos, por falta de medidas contra aquellos que no respetan las normas o incurren en agresiones verbales o físicas; así como por "falta de respaldo" a los educadores, al afirmar que son ellos los que suelen tener que solicitar acudir a la mutua o emprender acciones legales por cuenta propia, sin el respaldo de la empresa o la dirección del centro, tal y como habría sucedido tras la agresión del pasado jueves.
Respecto a la pérdida de autoridad, los trabajadores reclaman por ejemplo que el centro recupere el sistema de 'economía de fichas' que aplicaban hasta hace sólo unos meses y que consistía en detraer una parte de la asignación económica semanal que tiene cada interno si comete una irregularidad, dado que ahora, según insisten los trabajadores, no tienen más herramienta de control que el diálogo, y lo consideran insuficiente.
En total, en lo que va de año han sido agredidos físicamente "al menos ocho educadores" y una psicóloga, además del personal de seguridad "en numerosas ocasiones", mientras las amenazas verbales son "prácticamente diarias".