Un total de 4.772 profesores de Valladolid deben presentar un certificado de penales que acredite que no tienen antecedentes por delitos sexuales para poder ejercer la docencia. La medida, incluida en una modificación de la ley 26/2015 de infancia y adolescencia y que entró en vigor el pasado 1 de marzo, afecta tanto a los docentes en ejercicio como a los de nuevo acceso y ha empezado a ponerse ya en práctica en algunas comunidades autónomas, aunque en ésta va con algo de retraso. De hecho, afecta a todos los profesionales que en su trabajo tengan «contacto habitual» con menores, hecho que incluirá a médicos, monitores infantiles, etc, si bien ha sido el Ministerio de Educación el primero que ha tomado medidas para llevarlo a cabo.

De momento, en la Comunidad se está habilitando un registro en el portal de Educación del Ejecutivo autonómico para facilitar el trámite, según confirmó hace pocos días el consejero del área, Fernando Rey. «Estamos ya en ello, se trata de una medida estatal, y para facilitarlo se pretende habilitar un registro en el Portal de Educación que facilite el trámite a todos los educadores», indicó.

«Es un medida administrativa más y el objetivo pasa por contar con centros educativos seguros», añadió, para lo cual se pretende que se autorice a la Junta para solicitar el registro donde pueda aportarse el documento que se requiere. «Todas las personas que estamos en contacto con menores en el ámbito educativo, yo incluido, debemos sacar este certificado de penales y hacer el trámite ordinario», admitía Rey.

El certificado es gratuito y puede ser solicitado bien por los propios interesados -de forma presencial o telemática- o por el empleador, siempre con el consentimiento previo del afectado.

Más lento es el proceso en el resto de empleados. De hecho, desde los diferentes sindicatos médicos admitían no tener conocimiento de esta normativa y que entienden que no debería afectar al colectivo, si bien la norma exige que, por ejemplo, los pediatras, que están en contacto con menores, o médicos de Atención Primaria, deban presentar también ese certificado de penales.

La medida ha generado dudas y críticas dentro de algunos sindicatos que considera que con ella se «vulnera la presunción de inocencia».