El fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, abogó hoy por la prevención como la mejor forma de combatir los delitos medioambientales y, en especial, los incendios forestales, ya que "siempre es mejor tener la capacidad de prevención que llegar al castigo del Derecho Penal".

García Ortiz, que realizó estas declaraciones antes de clausurar, junto con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel Gago, el curso FCYL 2301 'Delitos contra el Medio Ambiente. Incendios Forestales', también puso en valor este curso, organizado por la Fiscalía y las consejerías de Presidencia y Medio Ambiente, ya que con el mismo se avanza en la formación de los fiscales, pero también en la de técnicos, letrados de la Junta y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución de los delitos medioambientales y, en especial, de los incendios forestales.

A su vez, recalcó que este tipo de formaciones deben servir para mejorar la capacidad de investigar y de prevenir, que es lo fundamental a la hora de combatir los atentados contra la naturaleza.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, también resaltó la importancia de este curso y recordó que la acciones formativas organizadas por la Junta y la Fiscalía se vienen desarrollando desde el año 2017, y desde entonces más de 290 profesionales se han ido especializando en materias en las que tanto la Fiscalía como la Junta comparten intereses conjuntos como la protección de menores, violencia contra la mujer o la protección del patrimonio histórico, enter otras.

Por su parte, Gago argumentó que si hay una comunidad autónoma interesada en perseguir los delitos medioambientales y también los de seguridad pública como los incendios, esta es Castilla y León, dado que más del 52 por ciento de su superficie es forestal.

Al mismo tiempo, explicó que además de los incendios, en el curso se han analizado otros temas como el envenenamiento de especies animales o la electrocución de aves en los tendidos eléctricos, y recalcó que se trata de una formación muy acertada para los profesionales de la Junta a la hora de que la Administración Autonómica se persone en procesos cuando se vea afectado el patrimonio y la hacienda pública.