Cientos de miles de personas se manifestaron hoy en Hong Kong en contra de la propuesta de ley de extradición que permitiría que los sospechosos de cometer delitos en el territorio serían devueltos a la China continental, donde sus garantías judiciales se verían coartadas.
El céntrico Victoria Park, donde se convocó a los manifestantes, estuvo abarrotado durante varias horas y coloreado de blanco, el color elegido para esta protesta, además de paraguas amarillos, símbolo de las manifestaciones en favor de la democracia de 2014 conocidas como la Revolución de los Paraguas.
La gente se manifestaba encontra de esta que ley que, de aprobarse -cosa que podría suceder el mes que viene-, Hong Kong perdería su independencia respecto a Pekín y podría afectar muy negativamente a la economía local. "Es nuestra última oportunidad de defender nuestro hermoso país", agrega una manifestante y resalta la importancia de esta manifestación, la primera a la que acude desde el 4 de junio de 1989, en solidaridad con los estudiantes masacrados en la plaza pequinesa de Tiananmen en la madrugada de ese día.
Entre las consignas coreadas por los manifestantes estaban "¡Oponéos a la extradición a China!", "¡Desechad la malvada ley!" o "¡Carrie Lam, dimite!", en referencia a la jefa del Ejecutivo hongkonés. "Pekín se ha ido impacientando con Hong Kong desde nuestro movimiento de los paraguas de hace cinco años. Nos ve como un adolescente rebelde que no aprende a ser agradecido y obediente", aseguró la miembro del bando opositor del Consejo Legislativo de Hong Kong Claudia Mo a la radio-televisión de la excolonia británica RTHK. Mo sostuvo que, con los nuevos proyectos de infraestructuras, sumados a leyes como contra la que hoy se protesta, el Gobierno chino busca asimilar Hong Kong y "convertirla en una de sus numerosas ciudades".
Fuerte oposición
La nueva ley, propuesta en febrero y cuya votación final podría efectuarse antes del fin de julio, permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.
En teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, y el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal.
El plan se ha topado con la oposición de periodistas, políticos extranjeros y empresas, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong -que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda- acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.
De este modo, activistas locales y disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.