La Guardia Civil ha desmantelado en Laguna de Duero, en el trastero de un bloque de pisos de la zona nueva, un taller clandestino en el que se fabricaban artesanalmente todo tipo de armas y en el que se ha intervenido una treintena de las 109 pistolas, revólveres, fusiles, escopetas y hasta ametralladoras aprehendidas durante la llamada Operación Bulldog, desarrollada en los últimos tres meses en toda España bajo la coordinación de la Comandancia de Valladolid. Una investigación en la que, además del armamento, se han hallado unos 5.500 cartuchos, 2,3 kilos de pólvora y 47.000 euros en efectivo, y en la que se ha detenido a nueve personas. Todas ellas están ahora en libertad con cargos después de prestar declaración en el Juzgado de Instrucción 2, encargado del caso.

Los supuestos cabecillas son dos vecinos de Laguna de Duero, padre e hijo, que se dedicaban, respectivamente, a la fabricación y comercialización de las pistolas y escopetas. El primero, de unos 50 años, «era una persona a la que le gustan mucho las armas y que, posiblemente, evolucionó de ser un coleccionista a un vendedor de armas», tal y como explicó ayer el propio jefe de Operaciones de la Guardia Civil de Valladolid, el comandante Javier Peña. El hijo, de 20 años, es un estudiante y se encargaba de hacer los contactos en internet y vender a través de foros y sitios web especializados del sector de las armas. Ni él ni su padre, que trabaja de operario en una empresa vallisoletana, tienen licencia de armas, tal como pudo saber El Día de Valladolid. Los precios de venta oscilan entre los 200 y los 900 euros.

La investigación se inició tras detectar un anuncio en internet en el que se ofrecía un revólver Bulldog recalibrado al 22 y que, una vez analizadas las fotografías que adjuntaban los vendedores, ofrecía mucha credibilidad a los agentes encargados del caso. Se fue tirando del hilo y, durante tres meses, se siguió los movimientos del ‘nick’ que ofrecía ese revólver. En un mes, había comercializado otras seis armas y, finalmente, se decidió actuar cuando, la semana pasada cerró una venta con una persona de Vizcaya.

Material intervenido por la Guardia Civil en la Operación Bulldog contra el tráfico de armas. - Foto: Miriam Chacón (Ical)

El arma vendida era un ‘boli pistola’ fabricado artesanalmente y se cree que por encargo para el citado cliente. La Guardia Civil, que ya estaba prevenida, decidió poner en marcha el operativo y se descubrieron las 109 armas, de las que 90 son cortas (revólveres y pistolas); 18, largas, entre ellas una escopeta de cañones recortados; siete de avancarga; cuatro armas de guerra (dos subfusiles, un Cetme y una ametralladora); cuatro armas de fuego prohibidas (tres bolígrafos pistola y un mechero pistola); y un silenciador de arma corta.

En siete provincias. Además de los dos detenidos en Laguna de Duero, hay otros siete, todos ellos clientes, en Albacete, Granada, Valencia, Málaga, Orense y Vizcaya. Ninguno de ellos tiene antecedentes y la investigación les sitúa en el rol de aficionados a las armas -algunos de estos siete sí cuentan con licencia- o de simples coleccionistas.

Peña dio ayer los detalles de la Operación Bulldog en una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, el subdelegado en la provincia, el jefe regional de la Guardia Civil y el teniente coronel Recio, jefe de la Comandancia de Valladolid. Tanto Medrano como Martínez Bermejo, Recio y el general Díez Cubelos quisieron estar presentes para felicitar a los guardias que han llevado el caso (el Servicio de Información de Valladolid) y destacaron la «importancia» del golpe al tráfico ilegal de armas.

Una operación que puede ser aún más importante. La Guardia Civil va a analizar ahora, desde el punto de vista balístico, cada una de las armas para determinar si han participado en algún delito.

Hasta 7 años de cárcel. El comandante Peña explicó ayer que los detenidos deberán responder por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, que se castiga con penas de entre uno y tres años; y, además, en el caso del padre y el hijo arrestados en Laguna de Duero, a un delito de fabricación  y venta de armas, que establece penas de entre dos y cuatro años.