El Juzgado de Instrucción número 1 ha llamado a declarar al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, como investigado por el caso de las 47 multas que el Ayuntamiento de esa localidad no tramitó en el segundo semestre de 2022. El regidor se tendrá que presentar en sede judicial el próximo 18 de marzo al considerar el juez que hay indicios de que podría haber incurrido en los delitos de malversación y prevaricación, tras una denuncia que hizo la propia policía del municipio a la Fiscalía de Valladolid.
Los hechos se remontan a 2022. Concretamente, al 10 de junio, cuando llegó la citada denuncia a la Fiscalía. En ella se aseguraba que desde el día 2 de ese mes no se estaban tramitando las multas de tráfico, un extremo que, según los policías, reconocían los propios ciudadanos. «Para que denunciáis, si no tramitáis», llegaban a decirles a los agentes, puesto que las sanciones no se llegaban a cobrar.
Oliveira llegó a reconocer en un pleno municipal que esto se estaba produciendo y aseguró que el motivo no era otro que la falta de personal, dado que la encargada de esa labor se había jubilado en 2019 y, desde ese año, un técnico municipal asumió esa función, con la correspondiente compensación económica. Pero en junio de 2022 dejó de hacerlo porque esta función era incompatible con el resto de las que tenía. Fue entonces cuando el Ayuntamiento sacó una oferta de empleo público para esa plaza de administrativo, pero el proceso se dilató en el tiempo y las multas no se tramitaron entre junio y noviembre.
Cuando los policías de Tordesillas denunciaron esta situación ante la Fiscalía, propusieron dos opciones para solventar la falta de personal: delegar la tramitación de las multas a la Jefatura Provincial de Tráfico o contratar a una empresa externa. Ninguna de ellas se adoptó, aunque el propio Oliveira reconoció que propuso a los agentes asumir esta función y pagarles por ello y también se negaron.
En ese medio año de vacío de actividad se dejaron de tramitar 47 multas de tráfico, 40 leves, por un valor de 80 euros, y siete graves, por un montante de 200 euros. En total, 4.600 euros. Todas ellas han prescrito y ya no se podrán cobrar.
El regidor hizo público un comunicado el pasado mes de noviembre para defenderse del retraso en el proceso de sustitución de esa trabajadora. «La plaza no pudo sacarse en tiempo debido a la limitación impuesta desde el ejecutivo central a las entidades locales por la nueva reforma laboral para la reposición de efectivos», señaló. En declaraciones a El Día de Valladolid, Oliveira añade que está «tranquilo», que confía en la justicia y que cuenta con el apoyo de su equipo técnico, al mismo tiempo que desliza su opinión sobre la posibilidad de que esa denuncia de los policías se produjese como una «medida de presión» por la falta de acuerdo en ciertas negociaciones de ámbito laboral con ellos.
El alcalde de Tordesillas incide en que él no ha sacado ningún beneficio de este contratiempo y tampoco ha tenido la intención de beneficiar a ningún vecino. «Desde que estoy en el cargo todas las irregularidades se sancionan, pero en este caso nos hemos visto sin recursos materiales», explica.
Según él, el juzgado todavía no ha requerido ninguna documentación al Ayuntamiento. «El juez primero tiene que escuchar a las partes y ver si hay caso», finaliza. El 18 de marzo le trasladará su versión.