El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, aseguró hoy que la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, desarrollada por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, se ha convertido en un "modelo y ejemplo a imitar" por otras comunidades autónomas en la materia. Puso el foco en la prevención de los siniestros en el sector primario y en el tejido industrial ubicado en el medio rural, de la mano la subvención, de casi 800.000 euros, concedida a la Diputación de Valladolid para financiar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo agroganaderos en los municipios de menos de 2.000 habitantes.
Durante la presentación de las ayudas en el Palacio de Pimentel, Veganzones afirmó que dicha estrategia pretende reducir la siniestralidad en los puestos de trabajo, pero también aumentar la competitividad del tejido industrial y económico de la Comunidad, dado que ambos factores "van de la mano", quien señaló que esta nueva perspectiva "desborda" todas las que se habían desarrollado hasta la fecha, al ser "muy continuistas", a partir de diferentes medidas que comienzan a dar sus frutos.
Detalló que se aprecia disminución en los datos de siniestralidad laboral, así como el aumento de la competitividad industrial de Castilla y León, quien recordó que la Comunidad, por segunda vez consecutiva, se posiciona entre aquellas donde "más aumenta interanual el índice de producción industrial", con el 4,7 por ciento, aclaró.
El consejero subrayó que se pretende llegar al tejido económico de "todos los rincones de la Comunidad", como es el caso de los municipios con una población inferior a los 2.000 habitantes con el ámbito agroganadero y alimentario como eje principal. Aunque la Junta cuenta con la iniciativa y los recursos, Veganzones relató que las diputaciones provinciales y las entidades locales son los que "mejor pueden ejecutar" estas ayudas, que se adaptan en cada caso a las particularidades del tejido agropecuario de cada provincia, por lo que garantiza la continuidad de estas ayudas en próximas convocatorias.
En ese sentido, el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, puso en valor la colaboración institucional como "elemento esencial de desarrollo", así como el compromiso de la Diputación con el medio rural. Resaltó los problemas que atraviesa el sector primario y los "ataques" que ha recibido desde el Gobierno de España, a la contra de la postura de la Diputación, que se posiciona al lado de los que generan riqueza en la provincia. "Pese a no tener competencias, se cuenta con un diputado de Agricultura en la defensa del campo, lo que demuestra el compromiso de la institución provincial al respecto".
Por ello, recalcó que este apoyo es "muy necesario especialmente en estos años en los que el sector está atravesando por muchas dificultades, como consecuencia de la sequía, de la descomunal inflación en los costes de producción y de determinadas medidas legislativas del Gobierno de España que poco han ayudado a solventar esta situación".
Beneficiarios y plazos
Íscar señaló que el objetivo de estas ayudas es permitir que cualquier agricultor o ganadero de la provincia pueda mejorar las condiciones de seguridad de sus explotaciones. Para ello, se subvencionarán los gastos de inversión en la compra o mejora de maquinaria, incluidos los vehículos automotrices y sus estructuras de seguridad en caso de vuelco; las obras de acondicionamiento de naves agrarias y ganaderas; el almacenamiento de productos agrícolas, fitosanitarios o carburantes; y las obras de acceso a las instalaciones.
También se consideran subvencionables los gastos de transporte e instalación, pero no los de retirada de materiales que contengan amianto procedente de cubiertas ligeras ni la adquisición de bienes de segunda mano
Trasladó que podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, personas jurídicas con ánimo de lucro, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y sociedades civiles, que estén encuadrados dentro del CNAE 01 (actividades de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados), y que tengan su centro de trabajo o productivo y realicen la actividad subvencionada en municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid.
La cuantía total de la subvención para cada una de las solicitudes que se presenten será del 50 por ciento del gasto subvencionable, donde no podrá superar en ningún caso los 20.000 euros por solicitud. El plazo de presentación de solicitudes queda abierto desde el 15 de septiembre hasta el 16 de octubre y se admitirán gastos y pagos realizados entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de junio de 2024.