Medio país está de vacaciones. Son días de descanso y desconexión, que a veces acaban en pesadilla si hay que reclamar alguno de los paquetes contratados para el soñado veraneo. No ocurre solo en periodo estival, pero los litigios contra las grandes compañías de servicios se tornan tan complejos que muchas veces los consumidores desisten de reclamar su indemnización si el importe no es muy elevado. 
Bancos, telefonía, aerolíneas y empresas de energía siguen copando el top de quejas y consultas que reciben cada año las organizaciones de consumo. Normalmente el servicio ofrecido no se ajusta a lo contratado y muchas requieren de trámites laberínticos para que las reclamaciones puedan llegar a tener su efecto. Aunque eso no es nada comparado con los interminables plazos que hay que afrontar cuando el usuario decide recurrir a la vía judicial. Y eso que este año se aprobó el proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que establece que los consumidores vulnerables y, en especial, las personas con discapacidad, puedan elegir el formato de comunicación con dicho servicio. 
Pero todavía falta mucho camino por recorrer, sobre todo cuando el contrato se firma con varias empresas interpuestas, como ocurre con los paquetes vacacionales. No es de recibo que cuando se contrata con un operador principal, que muchas veces tiene su sede en un país extranjero, el hotel, el vuelo y el coche de alquiler, se genere un maraña de empresas vinculadas que entorpecen una reclamación. Y todavía se complica más porque la mayoría optan por que el contacto sea a través de su plataforma web, que requiere no solo conocimientos sino mucho tiempo y paciencia para llegar a un operador o al contacto correcto para reclamar la indemnización. 
Esta sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos, aunque tengan un Ministerio de Consumo, y eso lo saben las grandes empresas. Medidas como la conocida esta semana en la que Consumo anuncia la incoación de expedientes sancionadores a varias aerolíneas de bajo coste por cobrar por el equipaje de mano transportado en cabina demuestran que hay margen para actuar. Esta es una de las reclamaciones más habituales todos los años porque el modelo low-cost no se puede financiar a base de engaños o presiones a los consumidores.