Los funcionarios de Justicia reclamaron hoy en Valladolid que se nombre a un mediador para "desencallar un conflicto artificialmente bloqueado" por el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, contra la que cargaron por estar "desaparecida", y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se niega a dar la cara ante la realidad de los problemas de la Justicia".
En una concentración convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT en la Plaza de Zorrilla de Valladolid, con decenas de asistentes, el sector alertó del "colapso total y absoluto" en los juzgados vallisoletanos, con 60.000 escritos parados, más de 15.000 demandas a la espera de incoarse y 2.000 vistas semanales aplazadas. Todo ello, además, "proyecta" retrasos futuros y perjudica, admitieron, "a un ciudadano que está detrás y que no ve reconocidos sus derechos".
Así, el responsable de Justicia de CSIF Castilla y León, Juanjo Banciella, recordó que los funcionarios de Justicia representan al 93 por ciento de "las personas que trabajan para sacar adelante esta Administración en el día a día". "Somos los que estamos a diario en los juzgados, los primeros que llegan y los últimos que se van", comentó, motivo por el que reclaman que se reconozca "laboral y retributivamente" el trabajo que hacen.
En estos momentos, prosiguió, las negociaciones con el Ministerio de Justicia están "completamente encalladas". "Estamos hablando de un Gobierno que se niega a hablar con los trabajadores, un partido que se dice socialista y obrero y que está dando la espalda a los segmentos con menos capacidad adquisitiva dentro de la Justicia", se despachó Banciella, quien aseguró no entender que "esto no se produzca, que no se abra una mesa de negociación para garantizar el diálogo con los trabajadores".
Al respecto, criticó la "política de tierra quemada" del Gobierno, que "puede permitirse dialogar solo con los más privilegiados de la Administración de Justicia", en relación a los jueves, que "ni se habían manifestado", y "da la espalda a los que realmente sacan adelante el trabajo".
Preguntado por la decisión del personal laboral de frenar la huelga hasta la constitución de un nuevo Gobierno tras el 23 de julio, Banciella vaticinó que no agotarán "ninguna vía". "Somos un colectivo dialogante, hemos respetado escrupulosamente los servicios mínimos durante dos meses y estamos soportando pérdidas económicas importantísimas", sostuvo el responsable de CSIF, quien recordó que ayer este colectivo apoyó a abogados y procuradores porque "también lo están pasando mal". Por ello, reiteró al Ejecutivo que "abra la mesa de diálogo". "No podemos hacer más y estamos llamando a sus puertas por todos los medios. Reclamamos un mediador; y si Sánchez no da la cara, los ciudadanos tienen que saber quien es el único culpable del colapso de la Justicia", advirtió.
Primer punto: diálogo.
Por su parte, la secretaria de organización de la federación de Hábitat de CCOO Castilla y León, Elisabeth Ortega, consideró que el diálogo "es el trámite inicial, el primer punto", la reclamación que el colectivo realiza "desde hace dos meses, que alguien se siente a hablar". Recordó que ha habido "tres amagos de reunión, pero no diálogo, sino un 'esto es lo que hay, o lo aceptáis o no hay nada que hacer'. "El paso siguiente dependería de si hay diálogo", comentó.
Como ejemplo, citó que "todo el tiempo" que la Justicia esté detenida ahora "se proyectará en el futuro". "Si se para dos meses, a lo mejor se nota en un año, si se para cuatro, serán dos años de arrastre. Cada día que se suma de huelga son consecuencias más fatales. Y recuperarlo costará más tiempo", alertó.
Igualmente, intuyó que "trabajar en un ambiente de caos no es bueno para nadie, ni para nosotros ni para otros profesionales", que "no podrán seguir el ritmo de señalamientos o vistas". En este punto, consideró que los funcionarios son los "principales defensores de la tutela judicial efectiva" y apuntó que es una "pena" tener que recurrir a una mediación, "que es obligatoria", para que alguien se siente a negociar. "No nos dejan más alternativa que las movilizaciones. Nadie quiere acusar recibo de que queremos hablar", reflexionó.
Durante varios meses se han sucediendo diferentes concentraciones, tanto regionales, provinciales, como estatales, para solicitar al Ministerio de Justicia que "no dé la espalda a la realidad del día a día de juzgados, tribunales y fiscalías", y que su decisión de negociar "solo con unos pocos provoca que esta Administración dé la espalda al mayor activo que en España tiene la Justicia, los funcionarios de los cuerpos generales.
La manifestación comenzó en la Acera Recoletos, para continuar por las calles de Santiago, Constitución, Duque de la Victoria, Ferrari, Bajada de la libertad y finalizar en la calle de las Angustias, a la puerta de los juzgados de Valladolid.
Asimismo, las organizaciones sindicales continuarán en lucha hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar, paralice la Ley de Eficiencia Organizativa y se reconozca el trabajo del los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales de la Justicia española.