Alegría y satisfacción, pero con reticencias. Este es el ambiente que se respira en las centrales sindicales tras el primer mes en vigor de la jornada laboral de 35 horas semanales para los 90.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Una histórica conquista que entró en vigor el pasado 1 de junio tras once años con un calendario de 37,5 horas y varios aplazamientos en su recuperación. Aunque hay un 'pero'. Y es que los representantes de los trabajadores no dejan de mirar al mes de septiembre, cuando llegará la verdadera prueba de fuego para conocer si la implantación de la nueva jornada de trabajo ha sido exitosa, toda vez que las 35 horas ya se venían aplicando durante los meses de verano desde hace varios años. Educación y Sanidad son la clave de bóveda del proceso, y las únicas que, por el momento, siguen sin aplicar el nuevo horario.
En el caso del sector educativo, Junta y sindicatos pactaron esperar al 1 de septiembre para, con la entrada del nuevo curso, adaptar la jornada y la carga de trabajo. Sanidad, por su parte, contaba en el acuerdo con una disposición transitoria que establecía un plazo para negociar los horarios en base a los turnos de los profesionales. «El bajar a 35 horas significa que tiene que haber un incremento del empleo público, que esas horas de rebaja del horario de los trabajadores públicos generan una baja que hay que dotar y cubrir», reconoce a este periódico el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que señala que se acometerán «a partir de septiembre». Plazo del que desconfían los sindicatos, que avisan que «las contrataciones se están dilatando», y aseguran que todavía no se ha negociado el nuevo horario en Educación.
Preocupación sindical que no comparte el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que reconoce que «las necesidades de contratación van a ir surgiendo paulatinamente», por lo que prefiere esperar para «saber qué demanda o necesidad hay de plazas». «La impresión en su aplicación es muy positiva de cara a la valoración que hacen los empleados públicos», resume González Gago, que llegó al cargo hace menos de un mes con el decreto de las 35 horas ya firmado por su predecesor, el actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.
Impacto en el empleo
«El ciudadano no se va a enterar de esta medida», valora el consejero, que niega «cualquier preocupación» con que se vaya a producir una merma en la calidad de los servicios públicos hasta que se realicen las contrataciones. «La profesionalidad de los empleados públicos está garantizada, y más allá de que suponga una ventaja a nivel personal, está garantizada la calidad de los servicios públicos prestados en Castilla y León». Mientras, desde los sindicatos apremian a la Junta a la contratación de unos 4.500 profesionales para sostener la estructura de servicios públicos tras el nuevo horario. Los representantes de los trabajadores consideran «capital» que «no se repartan las mismas tareas entre el mismo número de personas pero en menos tiempo, sino que suponga un incremento del empleo público en la Administración Autonómica».
En cualquier caso, tanto el consejero de Presidencia como los sindicatos coinciden en que estas primeras cuatro semanas se han desarrollado «sin incidencias». «Es una medida muy bien acogida y que nos convierte en la primera comunidad que formalmente hemos adoptado las 35 horas semanales», valora González Gago, que insiste que «se han hecho los deberes para que no haya ningún problema a partir del 1 de septiembre».
«No estamos recibiendo ninguna queja, pero es verdad que estamos en el periodo estival, que ya llevábamos cuatro o cinco años en el que la gente durante este periodo tenían 35 horas», explica el secretario general de Función Pública de UGT, Tomás Pérez, que insiste que «es pronto para evaluar». Reflexión que comparte Juan Carlos Hernández, de CCOO, que reconoce que en la parte de función pública de la Administración autonómica «no estamos notando mucho». «Sabemos que en nuestro caso no se van a hacer contrataciones, y lo que antes hacíamos en 7.30 horas ahora lo hacemos en siete, vamos un poco más apurados pero lo sacamos». «Nos preocupa la Gerencia de Servicios Sociales, en especial aquellos puestos que tienen un servicio de 24 horas, porque va a hacer falta contrataciones y de momento no hay nada hablado», reitera Hernández, que vuelve a apremiar a la Junta a apuntalar las plantillas.
Once años de lucha por 150 minutos
La vuelta de las 35 horas se alcanzó en Castilla y León tras dos encuentros entre Gobierno autonómico y sindicatos que bastaron para enterrar once años de guerra y sentaron las bases para la recuperación del horario de trabajo vigente antes de que la Ley 1/2012, del 28 de febrero de 2012, elevase en dos horas y media la jornada como medida para evitar que la crisis económica de entonces estrangulara por completo las maltrechas arcas públicas. Con este paso, el Gobierno de Castilla y León da cumplimiento al acuerdo suscrito en mayo de 2019 por el entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, y que se ha ido demorando en el tiempo hasta que a mediados de marzo, el exconsejero de la Presidencia y actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, anunciase la vuelta a las 35 horas para sus 90.000 trabajadores en la Comunidad. Por el camino se quedan once años de espera que costaron la primera huelga general de funcionarios de la Junta a finales de 2019, y un sinfín de manifestaciones, protestas y reclamaciones para recuperar la jornada previa a la decisión de Mariano Rajoy para sortear lo peor de la crisis del 2012.