PSOE y PP se echan los trastos a la cabeza por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cinco años en funciones, y los dos partidos tienen razones para acusar al contrario. Pero el PSOE pierde la razón al utilizar al Consejo a conveniencia.
Durante años estos años ha impedido al Consejo hacer los nombramientos de su competencia puesto que estaba en funciones, y han quedado sin cubrir docenas de cargos en diferentes tribunales, salas y audiencias; sin embargo sí pudo elegir a los dos vocales del Tribunal Constitucional que le correspondían, porque el gobierno retiró al Consejo el estado de "en funciones" el tiempo necesario para tramitar esos dos nombramientos. Eran importantes para Moncloa, porque acababa así la mayoría conservadora del alto tribunal. Que en el futuro tendría que jugar un papel importante si la pertinaz oposición se empeñaba en presentar recursos de inconstitucionalidad a los proyectos de ley impulsados por el gobierno.
Pedro Sánchez y sus ministros no dan puntada sin hilo. El gimoteo del equipo gubernamental ante un CGPJ en funciones no se escucha cuando recurren a su habilitación temporal para que tome decisiones que interesan a los sanchistas.
Pablo Casado puso una condición para acabar con el bloqueo: que se cambiara el método de elección y recayera en los jueces, como en la mayoría de los países europeos. Ese criterio es el que ha mantenido Feijóo, pero Sánchez puso pie en pared. No. La fórmula actual la recoge una ley orgánica que la pueden modificar las Cortes con la mayoría cualificada necesaria, pero a medida que pasa el tiempo se hace evidente que Sánchez quiere perder las normas actuales, que marcan que 12 de los 29 los vocales del CGPJ los eligen el Congreso y el Senado, lo que significa que la política tiene importante influencia en la elección, mientras que el PP quiere que sean las asociaciones judiciales … donde actualmente es abrumadora la mayoría de asociados en la conservadora.
En las negociaciones previas que se han llevado siempre entre PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios han presentado perfiles cercanos a su ideología, aunque en algunos casos la adscripción política era escandalosa, como ocurrió cuando el Podemos de Pablo Iglesias, en el gobierno, pretendía que Victoria Rosell fuera vocal. Se comprende que el comisario europeo de Justicia, Reynders, mostrara auténtica estupefacción cuando conoció datos muy concretos sobre la renovación.
Finalmente ha pedido que con carácter de urgencia se proceda a la renovación del CGPJ para que recupere la plenitud de sus funciones y que el gobierno se comprometa a aprobar después la reforma de la ley como exige el PP. Pero Feijóo exige que el calendario sea al revés, primero reforma de la ley y después renovación. Se comprende: el presidente de gobierno ha dado razones sobradas a Feijóo para no creer en su palabra.
Solo le faltaba que acordara la renovación … y se quedara después colgado de la brocha, con un Sánchez repitiendo sus insufribles carcajadas.