Cuando se considera la crítica como mentira y bulo, y paralelamente se aclara que el bulo es un delito que será perseguido con consecuencias penales, el resultado del silogismo no ofrece dudas: quien critica es un delincuente. Esa es la ecuación censora que el poder público ha querido imponer a la sociedad en este momento de extrema gravedad e incertidumbre, y esa es la ecuación que los defensores de la libertad debemos combatir con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. Especialmente con la palabra que pretende censurarse.
Las instrucciones del gobierno a las fuerzas de seguridad han salido a la luz al mismo tiempo que las palabras de diferentes responsables públicos reconociendo que se persiguen las críticas a la gestión de la crisis y que no puede haber mensajes negativos porque en definitiva son falsos. Mayor reconocimiento de la mordaza que se está tratando de imponer a los ciudadanos es imposible. Pero en este momento de nuestra historia, como siempre que gobiernan opciones políticas no conservadoras, para muchos actores de la vida pública no hay mordazas que denunciar ni dignidades que defender. Ahora hay que agachar la cabeza y asentir a todo lo que insinúe el aparato político y de propaganda oficial, y ridiculizar al que disiente.
Los españoles estamos ante una cruzada censora disfrazada de lucha contra la desinformación. Con el pretexto de combatir las fake news se ha intentado asustar a todos aquellos que realizan una visión crítica de la tarea gubernamental, algo que en cualquier democracia es bienvenido y defendido. Aquí también, cuando no gobiernan ellos. Se ha glosado incluso “el inexistente derecho a proferir bulos”, metiendo en el saco de los bulos el verdadero derecho que asiste a los individuos, el de expresar libremente sus ideas y sus pensamientos. Y se ha realizado una campaña ciega contra algo que tiene un actor principal desde hace un par de años: el propio ejecutivo, verdadero difusor de los mayores bulos que se recuerdan, noticias falsas o promesas que nunca se convierten en realidad.
Los ultrajes a la Corona son defendidos como ejemplo de libertad de expresión y despenalizados, pero las críticas al gobierno son bulos asimilables con delitos de odio. La operación mordaza es, en realidad, un flagrante intento de desviar la atención para que los españoles no especulen con el desastre de la gestión. Y para que no recuerden que en casi dos meses de tragedia sanitaria y económica, la mayoría no ha cobrado ni una sola de las ayudas que se prometieron en la “mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”.