Las estafas telemáticas son, hoy por hoy, uno de los principales quebraderos de cabeza de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A pesar de sus esfuerzos por actualizar su estructura, conocimientos y procedimientos, no resulta fácil hacer frente a una nueva forma de delincuencia que casi a diario idea sistemas nuevos para engañar a los ciudadanos más despistados y menos avezados con las nuevas tecnologías. Incluso a los que sí que se manejan bien, porque en las redes de estos estafadores caen víctimas de toda condición.
La última memoria anual de la Fiscalía de Valladolid revela un preocupante aumento de estos casos. En 2022 se incoaron 915 procedimientos judiciales por estafas cometidas a través de estas tecnologías, un 49,7% más que el año anterior. Además, las sentencias condenatorias casi se cuadruplicaron en ese periodo, al pasar de 29 a 110. Estas estafas representan el 87% de los delitos informáticos, aunque hay otros, como los que se cometen contra la libertad sexual con estas herramientas (47 procedimientos judiciales el año pasado), amenazas o coacciones (27), revelación de secretos (16), tenencia o distribución de pornografía infantil (13) y delitos contra la propiedad intelectual (9).
Aunque son datos correspondientes al año pasado, la cruzada contra este tipo de delitos continúa. Buena muestra de ello son los 24 detenidos recientemente por la Guardia Civil de Valladolid en dos operaciones contra organizaciones que se hacían pasar por las entidades bancarias de los estafados o por sus familiares para reclamarles dinero, con la excusa de que tenían sus maletas retenidas en un aeropuerto.
En términos generales, las estafas, ya sean telemáticas o por otros procedimientos, aumentaron un 19,8% para situarse en 1.483 casos con diligencias previas abiertas, según los datos de la Fiscalía. Forman parte de los delitos contra el patrimonio, que son los segundos más numerosos, tras aumentar un 12,9%, y que también incluyen hurtos (+23,5%), robos con fuerza de las cosas (+18,7%), robos en casas habitadas (+63%) y extorsiones (-30,8%).
Pero los procedimientos más numerosos son los que tienen que ver con delitos de lesiones. Los 4.831 incoados el año pasado representan un aumento del 12,8%. Eso, en lo que se refiere a las deligencias previas. En las urgentes, para los casos más graves, la cifra también ha subido: de 226 a 478.
Hay otros delitos que, aunque no son muy numerosos, sí que han experimentado un incremento notable. Por ejemplo, los que atentan contra la intimidad de las personas, que han crecido un 40,8% al pasar de 71 a cien procedimientos. Aquí se engloban los allanamientos de morada, que han pasado de 29 a 43 casos, y otro tipo de delitos, como el descubrimiento de secretos, ataques a sistemas de información e interceptación de datos electrónicos. Otro incremento significativo ha sido el de los delitos contra los derechos de los trabajadores, que han subido un 13,6%, especialmente contra la seguridad e higiene y las condiciones de trabajo. Lo mismo sucede con los delitos contra la seguridad del tráfico, con un 10,4% más, sobre todo por el incremento de conductores bajo los efectos de las drogas o el alcohol y la conducción temeraria. Bien es cierto que no todos los delitos aumentan. La memoria también recoge un descenso del 9,4% en homicidios, del 9,7% en los que atentan contra la integridad moral y del 12% en los que van en contra de la salud pública.
Sumando todos estos delitos, el año pasado se abrieron diligencias previas en 14.338 casos y urgentes en otras 1.501. En total, 15.848, que son un 8,2% más que en 2021.