Política verde, medio ambiente, condicionalidad reforzada, buenas prácticas medioambientales, eco-regímenes, biodiversidad, estrategia 'De la granja a la mesa' -por la que se contempla la reducción en 2030 de un 20% en el uso de abonos y de un 50% en el de productos fito y zoosanitarios-, más superficie de abandonos, nuevas reglas a corto plazo sobre bienestar animal, un 25% de tierras dedicadas a la producción ecológica… Estos y otros más son algunos de los aspectos más destacables en la política agraria que se cuece en Bruselas y cuyos efectos se pueden traducir a corto plazo en menos producción y más dependencia exterior. Y por si fueran pocos ya los palos en las ruedas a la actividad agraria, está la última iniciativa de la Comisión sobre Restauración de la Naturaleza, por la que se quería obligar al sector a más abandonos de superficies y que ha sido inicialmente frenada por el Parlamento para respiro de las organizaciones agrarias.

Buscar un equilibrio entre esta fiebre verde, donde todo son limitaciones, y una actividad medioambiental y económicamente sostenible, además de la defensa de un medio rural vivo y la incorporación de los jóvenes a la actividad, constituyen el objetivo global del Ministerio de Agricultura en el periodo de presidencia española de la Unión Europea que se inició el pasado 1 de julio. Esa política de equilibrio, junto con una apuesta por la innovación (I+D para la actividad agrícola y ganadera), señalan en el departamento de Atocha, serán el santo y seña de la actuación durante este semestre, actuación que se basará en tres ejes.

A la vuelta de la esquina se hallan los debates sobre el reglamento para el uso sostenible de fertilizantes y de los productos zoo y fitosanitarios, cuya aplicación puede provocar una reducción de los rendimientos tanto en la actividad agrícola como en la ganadera. Estudios independientes hechos desde la propia Comisión ya auguraban un descenso en la producción de más de un 20% con su ejecución. España apuesta en este periodo por su aplicación progresiva para que no se produzcan situaciones traumáticas para los productores y tampoco para los consumidores.

En segundo lugar, durante el periodo de la presidencia española Bruselas debe plantear las nuevas exigencias en materia de bienestar animal por las que los ganaderos en explotaciones intensivas -especialmente en los casos de la avicultura y el porcino- deberán aumentar la superficie por animal. Esto obligaría a reducir cabañas con unos costes fijos prácticamente idénticos y el consecuente incremento de los precios; o a apostar por ampliar instalaciones, con el coste correspondiente y siempre que cuenten con las licencias necesarias, cada día más difíciles de conseguir en el territorio rural.

Una tercera iniciativa importante de la Administración agraria española en su periodo de la presidencia es tratar de impulsar la innovación y el desarrollo y, muy concretamente, las posibilidades que ofrece la mejora genética, tanto en relación con las plantas como en las cabañas ganaderas. Esta técnica está en disposición de enfrentar con garantías las nuevas enfermedades, plagas o de incrementar los niveles de resistencia a la sequía. En esta dirección, España tiene previsto que la reunión los ministros de Agricultura comunitarios a celebrar en octubre -cómo no, en Córdoba, tierra añadida del ministro- se dedique a analizar esta cuestión. El ministro Atienza, burgalés, ofició una reunión similar en su día en una bodega de Ribera de Duero. Aunque seas ministro, debe gustar el reconocimiento de tu pueblo.

España tiene además interés en analizar la situación de las figuras de calidad (IGP, DOP) para mejorar o clarificar la denominación de cada una de manera que, efectivamente, cumplan con los objetivos que se buscan.

Soberanía alimentaria. Al margen de estas acciones más concretas y basadas en el equilibrio, globalmente España pretende defender e impulsar políticas que aboguen por una seguridad alimentaria que garantice a la población acceso a las cosas del comer a precios asequibles. Y además, que ello se logre potenciando la soberanía alimentaria o, lo que es lo mismo, en base a producciones propias y evitando en lo posible una fuerte dependencia del exterior para evitar situaciones de crisis como la que se ha producido a raíz de la invasión de Ucrania, traducida en falta de aprovisionamiento de materias primas.

En el acuerdo para la constitución de la Unión Europea en Roma en 1957, entre los objetivos más importantes de la política agrícola se contemplaba el incremento de la productividad en un momento en el que había una cierta inestabilidad e inseguridad en los suministros mundiales. Además de garantizar el nivel de vida de los agricultores y luchar contra los retos de la estabilidad de los mercados, se pretendía garantizar una seguridad en los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

En esta dirección, Agricultura, en total acuerdo con las peticiones planteadas por las organizaciones agrarias, aboga por unos mecanismos de entrada en frontera en los que, además de controles de las producciones en volumen, funcionen los mecanismos correspondientes para que los productos importados cumplan con las mismas condiciones en la producción que las exigidas a los agricultores y ganaderos comunitarios. Es la llamada cláusula espejo frente a las importaciones, que ya planteó y defendió España en Bruselas en los últimos años pero sobre cuya aplicación por parte de las autoridades comunitarias dominan las dudas. Los países del centro y norte de Europa impusieron sus planteamientos y la entrada de muchos productos como el tomate, frente a las producciones españolas, disfrutaron de una autopista, un coladero en el que no se aplicaron esas exigencias en detrimento de los países productores del sur.

España, con sus planteamientos de que todas las producciones nacionales o de terceros países cumplan las mismas exigencias sobre calidad y cultivo, tiene también entre sus objetivos la defensa, la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones, en una gran parte de carácter familiar, de manera que se mantenga la actividad económica y la vida en el entorno rural frente al desembarco de grandes grupos de inversión.