Desde el pasado 30 de junio es obligatorio registrar los contratos de compraventa que los operadores firman con un productor primario agrícola o ganadero. Y ello con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, que es incrementar la protección a los productores primarios y sus agrupaciones. El registro de contratos pone a disposición de las autoridades en materia de cadena alimentaria un instrumento que facilitará las tareas de inspección y la tramitación de los posibles procedimientos sancionadores.

Las leyes, todas ellas, están para cumplirse, y una ley sin régimen sancionador ni posibilidad de control quedará en papel mojado. Lo vimos en su momento con los plazos de venta en la primera Ley de la Cadena de 2013: sin el régimen sancionador y sin la AICA como organismo de control no servía para nada. Se prohibía vender productos frescos más allá de treinta días, pero sin estos instrumentos el incumplimiento era gratuito e invisible.

La contratación por escrito es obligatoria desde 2013, pero es ahora, diez años después, cuando el sector y la Administración cuentan con un instrumento que va a asegurar que los contratos se firman conforme a la Ley. Hasta ahora era imposible comprobar si los contratos se firmaban antes de iniciarse la relación comercial. Ahora ya no. ¿Alguien duda de que el sector primario es la parte de la cadena que necesita más protección por estar expuesta a las presiones del resto de componentes de la misma?

No cabe poner ningún pero al registro, aduciendo que pueda suponer una carga administrativa. Pero es que cuanto más preciso o justo se quiere ser, más necesidad hay de que el proceso sea garantista y muchas veces, en los inicios, eso requiere un esfuerzo.

Pero, yo me pregunto: ¿alguien estaría dispuesto, por ejemplo, a no solicitar una beca o una ayuda, cualquiera que esta sea, por que suponga una carga administrativa? ¿O a criticar la declaración de la Renta por el mismo motivo? Pues de eso estamos hablando.

El control de la normativa supone cargas administrativas para los administrados. En el caso del sector primario se justifica sobradamente el coste que supone subir a la plataforma online los contratos que se firman con la constatación de la seguridad de que son firmados, de que cuando un agricultor entregue un producto conozca su precio y las condiciones de la entrega.

Para UPA este registro es una buena noticia, como lo son la prohibición de la venta a pérdidas y las sanciones que se imponen a los que incumplen, así como la publicidad de las mismas. Son medidas que persiguen mejorar la protección de los productores, que llevan décadas sufriendo un creciente desequilibrio en favor de la industria y la distribución.

En la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos creemos que todos estos cambios conforman una mejor cadena agroalimentaria para todos, especialmente productores y consumidores. Finalmente, en la cadena alimentaria se impondrá la lógica (y la Ley) y los agricultores y ganaderos seremos cada día más respetados y protegidos.