Diez ejes, 566 medidas y 1.745 millones de euros. Estas son las bases sobre las que se asienta la lucha contra la despoblación para 2023, y cuyo detalle aparece reflejado en uno de los anexos de los Presupuestos Generales de Castilla y León para el próximo año, convertido en una suerte de 'cajón de sastre' donde el Ejecutivo incluye todas las inversiones y partidas que entroncan en el reto demográfico. El propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya había avanzado este jueves durante la presentación de las cuentas que volvería a habilitarse un apartado específico y transversal para la dinamización demográfica, aunque no cuantificó la apuesta ni dio más cifras.

Unos detalles que ayer se conocieron después de que el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, entregará al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el Proyecto de Ley de Presupuestos para su tramitación parlamentaria. Dentro de las casi 7.500 páginas y 20 tomos en los que se dividen los PGC de 2023, se destaca que los fondos contra el 'invierno demográfico' supondrán el 12,65 por ciento del total de las cuentas para el próximo año, con un notable ascenso del 68 por ciento respecto a las partidas destinadas a luchar contra la despoblación de los presupuestos de 2021.

«Fijar, integrar, incrementar y atraer población son los mandatos estatutarios que se configuran como un objetivo a largo plazo», señala la Junta en la exposición de motivos del anexo en el que ve «necesario» establecer «actuaciones» específicas que generen calidad de vida y prosperidad para hacer de Castilla y León «un territorio de llegada y desarrollo de proyectos». 

Un presupuesto contra la despoblación donde seis de cada diez euros se dirigen a servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales), con 1.073 millones a través de 116 actuaciones, mientras que las infraestructuras (energía, industria, agricultura y medioambiente) suponen 190 millones y 75 acciones. Les siguen el patrimonio cultural y natural, con 209 actuaciones y 171,4 millones; el apoyo a las entidades locales, con 38 y 136 millones; y 60 medidas en materia de vivienda, con 59 millones.

En el análisis por áreas de gasto, el 36,42% de los recursos se aplicarán a gasto de protección y promoción social, por 636,24 millones, donde además de los programas de atención social se incluyen actuaciones de vivienda; el 29,7% se destinará a gasto en materia de atención sanitaria, en las enseñanzas y servicios relativos a la educación por un importe de 520,1 millones. Con el fin de apoyar la instalación y la actividad de las empresas, negocios y de emprendedores se movilizan 475,24 millones, informa Ical.

En este tipo de actuaciones de lucha contra la despoblación se recogen también la modernización de regadíos, obras en polígonos industriales, apoyo a las energías renovables en el medio rural, infraestructuras en nuevas carreteras o inversiones de carácter forestal.