Consagra el artículo 47 de la Constitución el derecho a una vivienda digna. Precisamente en eso se sienten desamparadas 10 familias vallisoletanas. Viven, o mejor dicho malviven, en el Grupo residencial El Pato, situado en las calles Alcotán números 31, 33 y 35  y Sisón 2 y 4, en Pajarillos. Unas viviendas sociales de la Junta de Castilla y León cuyas llaves les dieron en enero de 2004, produciéndose problemas de convivencia desde casi el inicio, y lo que es peor, recrudeciéndose con el paso del tiempo conforme iban llegando nuevos vecinos. 

De los 35 inmuebles, el Gobierno regional asegura que solo es propietario de seis, al haber sido «mero promotor». Los otros, recalca, son propiedad de los demás inquilinos al formalizar la compra, independientemente del régimen de protección que aún no ha finalizado (25 años). En este punto discrepa Marcal Administración de Fincas, que lleva estos bloques. Sostiene que, a fecha 8 de agosto, en el Registro de la Propiedad había 28 a nombre de la Junta más tres locales comerciales y dos plazas de garaje. «En España la inscripción en el Registro es voluntaria y con efectos declarativos, no constitutivos. Esto significa que la propiedad de la vivienda pasa a ser del comprador en el momento de formalización del contrato de compraventa, independientemente de que con posterioridad ese cambio de titularidad se refleje en el Registro», argumenta un funcionario de Vivienda Pública de la Junta. ¿Y cómo sabiendo las condiciones de salubridad y peligro, un casero alquila dichas viviendas? ¿Tampoco tienen responsabilidad?, se preguntan en Marcal.   

No parece que sea un problema de vida o muerte que en una comunidad de propietarios uno o dos no paguen las cuotas, pero ¿y si son la inmensa mayoría -la deuda supera los 45.000 euros y están denunciados por el anterior Consistorio-? ¿Y si los gritos o las peleas están a la orden del día? O los robos, la insalubridad en zonas comunes como garajes, trasteros... Y lo más importante, ¿y si existe un riesgo real de peligro para todos por los sempiternos enganches?

En este punto, Iberdrola, cuya suministradora en la zona es i-DE, recalca que «las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios». De hecho, cuando han ido sus técnicos a quitarlos, tuvieron que ser escoltados por la Policía, con la que colaboran -y con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- a través del programa Coopera y Red Azul. Otra cosa es que, casi de inmediato, esos vecinos conflictivos vuelven a las andadas.  

Precisamente los cortes de luz son una auténtica pesadilla para aquellos con problemas de movilidad. Es el turno entonces de las trabajadoras sociales que, a duras penas, intentan poner soluciones.  

Pero, como es lógico, lo que más preocupa es el riesgo de que suceda una desgracia a cuenta de los enganches. Solo hay que tirar de hemeroteca para saber que a lo largo de la geografía nacional se han producido incendios con víctimas mortales.

Y ese miedo fue el que hizo moverse a la comunidad para que, tras no pocas denuncias a la Policía por incendios en los trasteros y en otros lugares del edificio, pidieran una respuesta formal al Ayuntamiento, cuyo anterior equipo de Gobierno, dictó un decreto el 31 de octubre de 2018 por el que se resolvió incoar el oportuno expediente de orden de ejecución, para que se subsanaran unas graves deficiencias en el sistema de extracción de humos. En el documento se añade que hubo cuatro fuegos provocados, los extintores de la planta fueron sustraídos y las instalaciones eléctricas estaban muy dañadas. 

Lo cierto es que han pasado cinco años y no se ha hecho absolutamente nada y el actual Ejecutivo municipal no sabía de la situación a pesar de los documentos existentes, si bien el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zoronda, señaló a este periódico que han notificado a su departamento de mantenimiento de la zona la situación descrita mediante un aviso urgente: «Al tener conocimiento de esto, el día 6 de este mes se ha girado la instrucción por parte del director de área al objeto de impulsar las actuaciones de dicho expediente». 

Asimismo, el edil invitó a que «si alguien quiere acudir a VIVA (programa de Viviendas de Protección Oficial) será informado de los diferentes programas que se ofrecen y los requisitos a cumplir».

No se quieren mover.

De todos modos, hay algo que resulta evidente y es que, aunque surgiera la posibilidad de cambiar de aires, los vecinos que se consideran víctimas de las conductas incívicas de otros, no están dispuestos a abandonar sus casas. Y eso que desde la Junta se asegura que a los propietarios que cumplieron con sus obligaciones se les informó de la posibilidad de cambio de vivienda. 

«Este es mi hogar, aunque lo hayamos pasado tan mal desde el principio. ¿Por qué tenemos que salir huyendo? Pagamos nuestra hipoteca -en torno a 350 euros-, nuestra comunidad -unos 45-, ¿por qué? ¡Que se vayan ellos!», se queja un hombre que prefiere ampararse en el anonimato mientras cuenta que su hija va al psicólogo.   

Él mismo se pregunta qué pasaría si sucede una desgracia. Y señala a la Junta, como el resto de vecinos. La directora general de la Vivienda, María Pardo, disiente: «Ni el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid, ni la Dirección General de Vivienda, ni, en definitiva, la Junta de Castilla y León tienen competencia alguna en la gestión de la comunidad. La única obligación es la de abonar los gastos de comunidad derivados de la propiedad de seis de las 35 viviendas. Si ocurre un accidente, la comunidad sería la única responsable».