El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Marco González, informó hoy que se están dilatando los trabajos de exhumación de los restos de Pedro de la Calle, asesinado por pistoleros falangistas en la localidad vallisoletana de Mojados en 1936, y que se inició esta mañana en el cementerio de la localidad.
En declaraciones a Ical, González señaló que los trabajos durante la jornada se han focalizado en la retirada de la gran cantidad de arena que se ha arrojado en la zona durante todos estos años, probablemente al abrir otras tumbas en el camposanto. "Seguimos bajando. Son muchas toneladas de arena pura que para nosotros es estrato desconocido, porque no ves cortes en el terreno, diferencia de colores, es de color parduzco y solo podemos sacar carretillos hasta que veamos algo que llame la atención y trabajar sobre ello", comentó, mientras avanza la búsqueda del nivel de enterramiento original. Ya se han excavado entre 60 y 70 centímetros.
Marco González expuso que una familia de la localidad, con parientes "sin bautizar", señalaron que esta zona "había estado cuidada hasta que murió su padre". De hecho, esta mañana, lo primero que encontró el personal de la ARMH fue "muchas y enormes hierbas y mucha arena traída de algún panteón, cuyo excedente lo echaron aquí", en un espacio de cinco por cinco metros destinado "cementerio civil".
Pedro de la Calle nació en Alcazarén (Valladolid) el 23 de febrero de 1888. Estaba casado con Romana Burgos, con la que tenía dos hijas: Ángela y Lucía. Era pastor, socialista y miembro de la Casa del Pueblo de Mojados, donde residía. Su hija Ángela recordaba a la ARMH que la primera vez que fue detenido lo trasladaron al calabozo del Ayuntamiento, lugar en donde recibió una paliza. La segunda detención se produjo cuando estaba en su domicilio escogiendo garbanzos junto a sus dos hijas. En esa ocasión fue trasladado caminando desde el terreno de labranza hasta el pinar, lugar en donde fue colgado de un pino después de sufrir vejaciones y mofas por parte de sus ejecutores el 25 de agosto de 1936.
En su certificado de defunción figura como causa de la muerte una "detención ilegal con ejecución extrajudicial, congestión y asfixia". Según recuerda la familia su cuerpo apareció ahorcado en un pinar cercano tras ser asesinado por falangistas de Alaejos, Ataquines y Mojados.
Proposición de ley de Concordia
Igualmente, Marco González se refirió a la proposición de ley de Concordia presentado por los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes. "Habría que estar muy desubicado para hacer algo que paralice la exhumación de víctimas de la dictadura, cuando se lleva haciendo 24 años", sostuvo.
En todo caso, admitió que, de salir adelante, la nueva ley en Castilla y León podría condicionar este tipo de trabajos de exhumación, porque hay un artículo que "habla de una especial protección de datos" y por el que "se debería pedir un permiso", con lo que obligaría a "hacerlo clandestinamente". "Si ocultamos lo que ocurrió, nunca vamos a aprender; y es necesario saber por qué fue asesinado este hombre y la razón por la que está en un rincón y no con sus hijas en el cementerio católico", incidió.
Precisamente, Marco González señala que las víctimas "dependen de leyes regionales y estatales, al albur de cambios políticos". Por ello, apela a la "implicación" de los juzgados, para evitar la intromisión de la administración y "así no habría problemas". Ahora mismo "es casi un contrato privado entre la Asociación y los familiares".