Los ayuntamientos ya están diseñando sus cuentas para 2024 y una parte fundamental son los ingresos con los que pagar las inversiones y los servicios públicos. Una parte importante de estos fondos llegan vía impuestos y tasas municipales. Un capítulo, el de la presión fiscal, donde Valladolid está en la media nacional, muy lejos de consistorios como el de Burgos, Zamora, Segovia e incluso Ávila, que pueden presumir de ser de los de menor nivel impositivo.
En algunos de esos consistorio ya se anuncian subidas o se amenaza con recortes, como es el caso de Ávila. En otros como en Burgos, donde el nuevo equipo de Gobierno llegó con la promesa de rebajas fiscales, se posponen y se aprueba un 'tasazo' del agua. Mientras en Segovia se opta por una de cal y otra de arena: se sube la tasa de basuras, se baja una parte del impuesto de circulación y se elimina la bonificación para los recibos domiciliados del IBI.

¿Qué pasará en Valladolid?

Aquí los impuestos locales no bajarán. El equipo de Gobierno ya ha confirmado esta decisión por la «complicada» situación económica que se han encontrado. De hecho, el alcalde, Jesús Julio Carnero, pidió un informe  al interventor sobre la salud de las cuentas y el diagnóstico le ha servido para avalar esta postura contraria a la de su programa electoral. Esto ha reabierto el debate sobre la presión fiscal y la eficacia recaudatoria. La anterior Corporación (PSOE y VTLP) ya había adelantado su intención de subir los impuestos, después de ocho años congelados, para asumir el incremento de gastos. 

De hecho, el informe de la Intervención sirve también para comprobar cómo es la eficacia recaudatoria en la capital. Y se apunta que está en la media nacional, e incluso por debajo de lo que se paga en el resto del país en algunos tributos. El Ayuntamiento ingresó 573,01 euros por vecino en 2021 frente a los 640,03 de la media nacional. Y dentro de esos ingresos, los tributos directos (Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM),...) supusieron 117,6 millones, lo que representa unos 395,22 euros por habitante frente a los 430,93 nacionales. En el caso de los gravámenes indirectos la recaudación per cápita también es más baja en la capital (58,18 euros) que en España (54,14 euros).

Estas diferencias se deben al grado de autonomía de las corporaciones locales. La ley ofrece para muchos tributos la posibilidad de fijar niveles distintos de tributación dentro un marco mínimo fijado por la normativa estatal. En el IBI, que es la principal fuente de recaudación para las entidades locales y supone más del 50% de la recaudación, el tipo de gravamen en Valladolid la coloca en el puesto 25 de grandes ciudades, con 0,61 puntos de tipo impositivo en los bienes urbanos. Esto motivó que en 2021 cada habitante pagara un recibo tipo de 248,51 euros cuando la media es de 276,35. 

Este tributo garantiza unos 70 millones anualmente al Ayuntamiento, pero la última actualización de los valores catastrales data de 1995, una situación que comparte solo con otras cuatro capitales (Córdoba, Gerona, Cáceres y Santa Cruz de Tenerife). La revisión se realiza a solicitud de los consistorios y supone una modificación del valor del inmueble, la base imponible sobre la que se aplica el tipo de tributo. Esto es independiente del tipo que luego aplica cada ayuntamiento en el recibo. De hecho, en 2020 se aplicó una subida del 3% en los recibos, que luego se congeló por la pandemia, para iniciar una actualización progresiva de este tributo a las valoraciones reales de las viviendas. Ahora, la posición del equipo de Gobierno es aplicar una rebaja un 10%.

Otros impuestos.

Distinto es el caso del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido popularmente como impuesto de rodaje, que supone una décima parte de los ingresos fiscales de los consistorios. Se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco y Navarra.

Valladolid figura entre las 45 ciudades que aplican las máximas cuotas permitidas por la ley, lo que la coloca como la más elevada de Castilla y León y una de las más caras del país. De hecho, en esta tasa se pueden encontrar diferencias que hace que un recibo sea un 150% más caro o barato según el ayuntamiento. En la capital un coche de gran cilindrada ha pagado este año 224 euros por este concepto frente a los 196 de Soria.

Indirectos.

La recaudación por impuestos indirectos en la capital también es más baja que la media nacional. Y eso que impuestos como el que se aplica sobre la construcción han generado más ingresos de los presupuestados inicialmente. Así, en 2021 se preveían unos ingresos de cuatro millones y se recaudaron 7,4; en 2022 los cálculos iniciales estimaban 5 millones y se llegó a los 8,9. Este año se cuenta con 6,25 millones, pero ya se han cobrado 5,2 millones en estos meses.  En este caso la media de ingresos por vecino es 24,83 euros mientras que la del resto del país baja hasta los 21,96. 

El Ayuntamiento también supera la media de recaudación nacional en el caso del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE). Valladolid computa 39,98 euros por habitante frente a los 37,61 del resto. Además, en 2022 se presupuestaron ingresos por 11,7 millones, pero solo se ingresaron 10,5, aunque en 2021 se dio el caso inverso ya que los 11,9 millones recaudados superaron las previsiones iniciales de 11,5.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu), o plusvalía local, que es potestativo a nivel local y que grava la diferncia de valor que experimenten los terrenos urbanos en el momento de la transmisión de la propiedad, presenta menor recaudación que en otros ayuntamientos. En Valladolid, el ingreso medio por vecino es de 24,49 euros, muy por debajo de la media nacional de 45,34. En 2022 se contabilizaron 1,8 millones, una cifra que ya se ha superado ampliamente en lo que llevamos de año, cuando ya hay computados casi 2,5 millones, y se espera llegar a los 3,25, según el portal de transparencia municipal.

Tasas.

Por otra parte, las tasas locales representan el 10% de los ingresos municipales, pero también están por debajo de la media nacional, ya que generan 127,6 euros por vallisoletano frente a los 154,9 del resto del país. Eso sí, en  2022 se superó el cálculo inicial de 3,7 millones por tasas por las actividades de competencia municipal para llegar hasta los 6,9, de los que casi seis provienen de licencias urbanísticas. Más ajustada suele estar la previsión por precios públicos, que el año pasado se fijó en 3,6 millones y alcanzó los 3,9. 

La tasa de reciclaje llegará en 2025.

La nueva Ley de Economía Circular obliga a todos los municipios a tener un tributo para pagar la gestión de los residuos antes de enero de 2025. El anterior equipo de Gobierno ya estaba trabajando en su definición y el informe del Interventor apremia al actual a hacerla efectiva. «En materia de ingresos se recomienda que se impoga de manera urgente la tasa de recogida y tratamiento de residuos», se apunta desde la Intervención. Y así se explica que el coste del servicio de recogida de residuos en 2022 fuera de 10,1 millones de euros y el del tratamiento de esos mismo residuos llegara a los 3,2 millones, a lo que hay que añadir el impuesto al depósito de los mismos en el vertedero y la incineración, que se apunta tiene un coste estimado para este año de 4,6 millones de euros. 

Competitividad fiscal.

El Índice de Competitividad Fiscal local del Instituto de Estudios Económicos sitúa a Valladolid en mitad de la tabla, justo en la media nacional. Si la comparación se hace con los municipios de más de 50.000 habitants de la región, la capital baja a los últimos puestos, con un lugar muy destacado para Burgos, Zamora y Segovia. En ese informe también se apunta que el establecimiento de un marco tributario eficiente y competitivo tiene repercusiones no solo en las cuentas públicas, a través de mayores niveles de recaudación, sino que, por el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal, se genera un mayor aprovechamiento o eficiencia del gasto público.