El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha dado un plazo máximo de veinte días para el desalojo forzoso del Centro Social Okupado La Molinera, antiguo Hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada, medida que de no efectuarse conllevaría la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local.

La notificación judicial del juez José María Crespo, firmada el pasado día 3 de abril, fue metida bajo la puerta de La Molinera, según el comunicado del movimiento okupa de las antiguas instalaciones hoteleras.

En el citado escrito recogido por Europa Press se alude a la posibilidad de plantear un recurso ante la misma instancia judicial, si bien el colectivo ya ha anunciado su propósito de no utilizar ante la desconfianza total sobre la imparcialidad del juez.

"No confiamos en absoluto en la objetividad del juez José María Crespo de Pablo, quién dejó pasar el tiempo para que algunas de las personas procesadas por las ilegalidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Caso PGOU) vieran sus causas sobreseídas tras la prescripción de los plazos. Cabe recordar que la referida modificación ilegal del PGOU permitió la construcción del hotel Marqués de la Ensenada", denuncian las mismas fuentes.

Ante ello, los defensores del CSO La Molinera reiteran la defensa del proyecto y se plantan "ante la barbarie especulativa", al considerar que de no ser por la labor de las personas que durante estos casi cinco años vienen gestionando el espacio, "el inmueble estaría totalmente vandalizado y posiblemente destruido, tal como está ocurriendo con multitud de edificios que conforman el patrimonio arquitectónico industrial de Castilla".

Como últimos ejemplos de ello citan el derrumbe del tejado de la fábrica de harinas de Peñafiel, reconvertida en hotel y posteriormente abandonada, o el reciente incendio de la fábrica de harinas de Aguilar de Campoo. "En contraste con la absoluta negligencia con que las instituciones tratan este patrimonio tan importante para el desarrollo económico de nuestra tierra en el pasado, se encuentra la gran atención que le prestan al recorte de los derechos y libertades sociales", denuncian.

También señalan cómo el Ayuntamiento se ha mantenido al margen en la búsqueda de una solución digna para este edificio, patrimonio de los vallisoletanos, desentendiéndose de trabajar por un desenlace que lo mantuviera en manos del conjunto de la ciudad y que evitase su adquisición privada por un fondo buitre.

Recuerdan una vez más que los nuevos propietarios han adquirido la titularidad del edificio por la "irrisoria cantidad de un millón de euros" y que, pese a ser preguntados al respecto, no han desvelado en ningún momento cuáles son sus intenciones para el inmueble.

"Expresamos nuestra preocupación por el destino final de este lugar, temiendo que siga los mismos pasos que otros edificios emblemáticos que han sido víctimas de la especulación o del abandono hasta su destrucción", prosiguen los defensores de La Molinera.