La LOE, la LOMCE, la LOMLOE y la LOSU… pensarán ustedes que me he vuelto loco o que quiero rellenar este espacio con unas siglas que no les dice nada a la mayoría de los ciudadanos. No es así, querido lector, simplemente son las denominaciones de las últimas leyes educativas que han afectado al sistema universitario en menos de dos décadas. La media indica que cada cuatro años se cambia la regulación de las universidades públicas y privadas, lo que afecta al sistema de gobernanza, a su gestión académica, a su financiación, etc. En definitiva, un maremágnum legislativo que impide una estabilización del sistema que redundaría en múltiples beneficios para toda la comunidad educativa de la enseñanza superior en España. Los más de 20.000 universitarios, a los que habría que añadir los miles de trabajadores (docentes y personal de administración y servicios), que suman la pública Universidad de Valladolid y la privada Universidad Europea Miguel de Cervantes tienen derecho a la mejor educación posible con los mejores recursos humanos y materiales. Esta aspiración de cualquier alumno y de cualquier centro educativo es imposible de cumplir con una nueva ley cada cuatro años que deroga o modifica sustancialmente la anterior.
Esta misma semana, en los actos de apertura académica de la UVA y de la UEMC sus rectores han mostrado su inquietud sobre la implantación de una ley de forma ciertamente precipitada, ya que ha entrado en vigor hace apenas cinco meses y supone muchos retos de adaptación, de estructuras organizativas, normativas y reformas estatutarias. Comunidades autónomas y dirigentes universitarios han echado de menos algo más de tiempo para aplicar la nueva norma con mayor seguridad y estabilidad. Como siempre, desde los despachos y los órganos legislativos se contemplan cambios y modificaciones en la gestión y en el ámbito académico que luego sobre el terreno se vuelven mucho más complicados.
La primera dificultad a la hora de implantar la LOSU llega de la mano de la financiación. Aunque es una competencia transferida a las comunidades, en este caso a la Junta de Castilla y León, lo lógico y estipulado es que cuando las modificaciones legales supongan un incremento de gasto público sea asumido por quien obliga, en este caso el Estado. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no contempla una aportación económica para poner en marcha la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, lo que supondrá un gran esfuerzo para las instituciones y, evidentemente, irá en perjuicio de otras actuaciones previstas que no podrán realizarse.
Ya hace años vienen reivindicando con razón las universidades de Castilla y León una mejora de la financiación o la introducción de un sistema que incentive la investigación, la transferencia del conocimiento, la atracción y retención del talento, etc. Es decir, las universidades deben ser 'premiadas' por sus iniciativas y resultados, lo que supondría un incentivo para mejorar en ciertos ámbitos necesarios para consolidar el prestigio de los centros y mejorar sus posiciones en los 'ranking' internacionales. Todo ello supondrá un atractivo para ganar alumnos, algo que no hay que hacer solamente con una bajada de tasas, en ocasiones inasumible y que provoca la llegada a las aulas universitarias de alumnos que deberían haber emprendido otro camino.
Finalmente, no quiero terminar esta carta semanal sin señalar la necesidad de que las universidades, en este caso las vallisoletanas -pero se puede aplicar al resto-, se acerquen más a la sociedad. Y con ello me refiero a que la enseñanza que se imparta en sus aulas sea acorde a lo que necesita el tejido productivo de una ciudad o provincia y que realmente los vallisoletanos sientan como suya la UVA y la UEMC, tanto porque sus jóvenes están estudiando en sus centros como por la implicación que deben tener ambas instituciones con las preocupaciones, retos y necesidades de la sociedad. La transferencia no debe ser unívoca, sino que es muy importante que funcione en los dos sentidos.