El Boletín Oficial de Estado (BOE) publicó ayer la concesión de once indultos por parte del Ministerio de Justicia, entre los que se encuentra el de Francisco José G. P., el funcionario de la Seguridad Social en Valladolid que fue condenado a tres años y seis meses de prisión por filtrar miles de datos personales de particulares y empresas a agentes de la Policía y la Guardia Civil y al jefe de Seguridad de El Corte Inglés, con los que mantenía una amistad personal. Como es tradicional, este indulto se concedió a propuesta de la Cofradía Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, que este año había solicitado dos al Gobierno, aunque solo se le ha dado el visto bueno a uno. Se da la circunstancia de que el trabajador público había sido absuelto de este delito por la Audiencia Provincial, pero el Tribunal Supremo estimó posteriormente el recurso presentado por la Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social.
La sentencia consideraba probado que el funcionario, que era responsable del control de registro de entradas y salidas de escritos y oficios, el desplazamiento al extranjero de trabajadores y la emisión de certificados de deuda de profesionales taurinos, había utilizado su clave personal para realizar «8.936 transacciones, refiriéndose estas consultas a datos de trabajadores y de empresas y, en menor medida, a vida laboral, prestaciones y certificados de situación de cotización». Además, el fallo también destaca que el funcionario cambió el domicilio de un compañero de trabajo «para dificultar la notificación de las sanciones de tráfico y posibilitar así su prescripción». La condena por revelación de datos personales también incluía una multa, que se mantiene, de 18 meses a razón de una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación durante seis años.
No obstante, el condenado no tendrá que entrar en la cárcel al considerar el Ministerio que «concurren razones de justicia y equidad» para conceder el indulto. El Hermano Mayor de la Cofradía de la Piedad, Francisco Javier Cartón, explicó que sus propuestas siempre tienen que ajustarse a lo que dicen sus estatutos. Por ejemplo, que no sean para delitos de sangre, contra la salud pública ni de violencia machista.
Además, recuerda que la tradición de acompañar a los presos se remonta a principios del siglo XVI. «Esperamos seguir teniendo este privilegio», concluye.