Puntuales, como cada martes desde noviembre, los abogados del turno de oficio volvieron a salir a la calle esta semana para denunciar sus condiciones laborales. Aunque el listado de reclamaciones es amplio, hay dos que tienen una especial relevancia. Por un lado, el aumento de una retribución que está fijada en función del proceso que se trate. Por ejemplo, algo más de 200 euros por un divorcio. Pero en ningún caso se superan los 300 euros. Según el último Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, la media en 2022 fue de 148 euros. Los letrados denuncian que, en algunos casos, esta cantidad supone una décima parte de lo que se cobraría en el mercado. En el comunicado que leyeron los abogados el pasado martes frente a los juzgados de la calle Angustias calificaron estos precios como «misérrimos y paupérrimos». Además, se quejaron de que a veces cobran fuera del plazo que establece la Ley contra la Morosidad.
Estas tarifas llevan años cinco años congeladas y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se comprometió a finales del año pasado a actualizarlas en las comunidades que no tienen las competencias transferidas, entre ellas, Castilla y León. Aunque las negociaciones todavía no han llegado a buen puerto. El Gobierno ofreció un 5% de subida, pero el Consejo General de la Abogacía Española lo considera insuficiente y se remite al incremento de la inflación durante el último lustro: en torno al 17%.
Otra reclamación importante es que se garantice el cobro de su trabajo aunque, posteriormente, al interesado se le deniegue la justicia gratuita. Algo que no siempre pasa. Cuando una persona quiere beneficiarse de la justicia gratuita, la solicita al Colegio de Abogados, y este organismo asigna cada caso a uno de los letrados que estén inscritos en el turno de oficio. Una vez que lo reciben, son los propios letrados los que se encargan de hacer la solicitud al Ministerio de Justicia, que suele tardar dos o tres meses en resolver. En ese periodo el abogado ya empieza a hacer gestiones y preparar el caso. Si finalmente se deniega la solicitud, ese trabajo se va «al limbo», tal y como denuncia David Lázaro, del sindicato Venia, convocante de la huelga que mantienen los letrados desde hace tres meses. Bien es cierto que, en esos casos, los abogados pueden intentar cobrar el trabajo hecho a los interesados, pero esto no siempre es posible, porque algunos son insolventes y otros, simplemente, no pagan, lo que les obliga a iniciar otra reclamación judicial.
El responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Valladolid, Fernando Rosat, que se sumó a la concentración, incidió en la necesidad de solucionar este aspecto. «Ya sabemos que en el turno de oficio se cobra poco, pero lo que es descorazonador e injusto es que actuemos en un procedimiento y no cobremos nada», señala. El letrado asegura que el año pasado se tramitaron casi 7.200 expedientes de justicia gratuita en Valladolid, unos 200 menos que en el ejercicio anterior. Unos datos que están condicionados por las huelgas convocadas durante 2023 en el ámbito judicial y por unas condiciones laborales que hacen que este turno, que es voluntario, cada vez sea menos atractivo para los profesionales. Con todo, cerca del 40% de los poco más de mil colegiados que hay en la provincia están inscritos en este turno.
Los abogados de oficio recordaron en la concentración que trabajan 24 horas de los 365 días del año «en defensa de los más débiles» para garantizar los derechos fundamentales de igualdad y tutela efectiva. Por eso piden a la Administración que proteja y respete la profesión. Y para ello reclaman la aprobación de un estatuto del abogado y procurador de oficio, que se garantice el pago de todos los trabajos, que se actualicen las retribuciones y que estas se hagan efectivas en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la prestación del servicio. También exigen que se reduzca la carga burocrática de las solicitudes de justicia gratuita y que se les considere agentes de la autoridad en el desempeño de su trabajo.