El Ayuntamiento de Valladolid tiene un buen colchón de ahorro, aunque el balance final de la ejecución del presupuesto de 2022 pueda reflejar un déficit de 24 millones. ¿Cómo se explica esto? La liquidación provisional de las cuentas del año pasado refleja un saldo positivo de 32,9 millones de euros, que suben hasta los 101 millones disponibles en la tesorería municipal. Es decir, se ingresó más de lo que se gastó, pero gastó más de lo que ingresó si se descuenta el efecto de las operaciones de préstamo y la amortización de deuda.
De ahí, ese saldo negativo que avanza el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero. Eso sí, apunta que no tendrá consecuencias legales para el Consistorio por la suspensión de las reglas fiscales desde 2020 para favorecer la recuperación económica tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia . Si no fuera por esta eventualidad, el Ayuntamiento tendría que adoptar medidas de corrección, tal y como ya tuvo que hacer en los déficit de 2009 (21,8 millones), 2010 (38,1 millones) y 2011 (6,4 millones), que obligaron a aprobar un plan de reequilibrio.
«Este previsible déficit debe entenderse como la consecuencia de ocho años sin subir impuestos, mientras los precios y el coste de la vida han aumentado un 19%», apunta Herrero. Pero analizando la liquidación también se aprecia que, en los últimos cinco años, los gastos de personal han aumentado un 12,7%, los gastos corrientes un 27% y los gastos de inversión un 81,4%. Además, la suspensión de las reglas fiscales ha permitido disponer de los remanentes, es decir, de los ahorros municipales. La ley limita y condiciona su uso. Pero la relajación de la norma permitió que en 2022 el Ayuntamiento transfiriera de sus remanentes 13 millones de euros a Auvasa, otros tres millones a VIVA, 1,2 millones a la Sociedad Mixta de turismo y otros 343.250 euros al consorcio de la Feria. «Estas operaciones computan de forma automática como déficit para las arcas municipales». Y, además, se incorporaron al presupuesto remanentes por un total de 63,5 millones, de los cuales 46,7 se destinaron a inversiones.
Ingresos. El Ayuntamiento ingresó más de lo previsto en el capítulo de impuestos indirectos (107,14%), tasas (127%), transferencias corrientes (103%) o ingresos patrimoniales (153,5%), entre otros. Esto compensó, por ejemplo, el efecto de la sentencia sobre el impuesto de plusvalía, con una merma de otros 5,4 millones menos durante el último año. Y el incumplimiento de las previsiones de ingresos por la venta de parcelas, por las que se preveían ingresar 7,5 millones y solo se computaron 274.597 euros; un concepto por el que sí se obtuvieron ocho millones en 2021.
En este capítulo hay dos excepcionalidades que, según el concejal de Planificación, también contribuyen al déficit. En primer lugar, la liquidación definitiva de las cantidades que aportó en 2020 el Gobierno central a todos los ayuntamientos, que arrojó un saldo negativo. Es decir, transfirió más importe del que correspondía (11 millones de euros en el caso de Valladolid). Ahora se está ejecutando la devolución a plazos, aunque esa cantidad será recuperada por el Ayuntamiento gracias a una aportación extraordinaria, pero se contabiliza de forma íntegra como menos ingresos en el ejercicio 2022.
En segundo lugar, está el tratamiento contable especial que requieren los fondos europeos recibidos en el marco del Plan de Recuperación. Para asegurar su correcta aplicación, los fondos que se hayan recibido como anticipo no se computan como ingresos hasta que se ejecuta el gasto para el que fueron concedidos, lo cual ha supuesto incrementar el déficit del año 2022 en más de cuatro millones.
Buena salud, pero más gasto en servicios. Herrero subraya que la «salud económica» del Ayuntamiento es mejor que hace ocho años. Apunta que el presupuesto municipal ha aumentado en este periodo un 40%, la carga financiera (Coste anual de la deuda municipal) ha bajado un 38% (10 millones menos) y el periodo medio de pago a proveedores bajó a ocho días. No obstante, Herrero apunta que la congelación de los impuestos ocho años, especialmente en estos últimos de elevada inflación, es una política que «resulta incompatible, desde el punto de vista presupuestario, con el afán por reforzar y seguir mejorando la calidad de los servicios municipales».