La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid aprobó en su sesión de este martes la contratación para la implementación del proyecto de lucha contra la exclusión en barriadas vulnerables de la zona de acción social Este de Valladolid, por una cuantía de 1,01 millones de euros para dos años, según un comunicado recogido por Ical. En el pasado contrato se destinaron 370.166 euros anuales (sin incluir IVA), mientras que este contrato asciende a 472.046 euros (sin IVA) y 524.496,50 euros, IVA incluido, lo que supone un incremento de un 27,52 por ciento destinado a la zona.
El contrato que sale ahora a licitación tiene por objeto la ejecución del proyecto de intervención integral de lucha contra la exclusión social de las barriadas más vulnerables de la zona Este de Valladolid, concretamente las de Aramburu, Las Viudas, zonas colindantes de las calles Caamaño y Hornija, del barrio de Las Delicias; la barriada Polígono del 29 de Octubre de Pajarillos Bajos, y las calles colindantes con las mismas características sociodemográficas y económicas que las de las personas que residen en él, y la calle Flor, del barrio de Pajarillos Altos.
En total, desarrollará el proyecto un equipo multiprofesional con 12 profesionales de la intervención social (educadores sociales, integradores sociales y educadores de calle). Lo hará a partir de tres líneas estratégicas: educación y formación, inclusión social y participación, convivencia y promoción ciudadana.
En la primera de ellas, educación y formación, el Consistorio considera que son la "herramienta fundamental" de cambio para luchar de forma efectiva contra la pobreza infantil y juvenil. Problemas endémicos de estas zonas como el absentismo escolar o el fracaso y el abandono temprano de la educación han de marcar los objetivos prioritarios de cualquier proyecto de cambio que se plantee. "Si queremos un futuro sostenible hay que favorecer normalización educativa del alumnado más vulnerable, apostando por el éxito escolar y la promoción educativa", remarcó el Ayuntamiento.
El segundo pilar es la inclusión social, donde los objetivos de cambio se centrarán en la familia o la persona concreta con un modelo de intervención de caso y con la metodología de atención centrada en la persona y por tanto vinculando la intervención a proyectos individuales de mejora relacionados sobre todo con el acceso al empleo y la formación prelaboral. La inclusión, no obstante, se abordará también desde los distintos ámbitos, alguno más individual y otros más genéricos, que inciden de forma directa en las posibilidades de integración y promoción de la persona: el acceso a recursos y servicios, la vivienda, la salud, el ocio.
Por último, en cuanto a la participación, convivencia y promoción ciudadana, el proyecto apunta al "éxito de cualquier proyecto de cambio importante que se pretenda implementar en zonas como estas con un alto grado de deterioro físicourbanístico, estructural, convivencia, etc., que pasa por la implicación de la población de las mismas en el proyecto".
Para llevar a cabo el proyecto se plantea un incremento en la dotación de personal. Por un lado, se pasa de media jornada a jornada completa a dos profesionales que se dedican a la educación no formal, educación de calle, y contacto directo con la ciudadanía, especialmente de etnia gitana y población inmigrante, y se incrementa la dotación de integradores sociales, exigiendo en el contrato dos personas más que puedan desarrollar un trabajo más intensivo en el 29 de octubre. En total, 12 profesionales.