La apuesta de los países de la Unión Europea es «redoblar esfuerzos» para mejorar la competitividad en energías limpias. Así se decidió hace unas semanas en Valladolid, en una reunión informal de los ministros de Medio Ambiente. Y casualidad, o no, esta es una de las zonas donde se puede comprobar el boom que experimentan los proyectos de parques eólicos y solares. 

La provincia ya cuenta con una veintena de instalaciones de aerogeneradores a pleno rendimiento y supera los 1,7 millones de megavatios. Además, hay nuevos parques eólicos a la espera de las autorizaciones administrativas. Aunque desde el año pasado se están frenando este tipo de proyectos en favor de las instalaciones fotovoltaicas, con casi dos decenas de proyectos, entre los que están en funcionamiento y los que dependen del visto bueno, y una potencia que se acercaría a los 2.300 megavatios. Una cifra muy considerable si nos atenemos a que el año pasado se produjeron 714.408 megavatios, según los datos que figuran en el avance de 2021 del Boletín Anual Energético de Castilla y León. En total la provincia produjo el 12,27% de la energía generada en la región, muy lejos del 24,56% de Burgos. 

¿Por qué aquí?  Una de las razones puede ser las 2.500 horas de luz solar al año y terreno disponible en las zonas rurales, que no es agrícola. De hecho, la mayoría de estas instalaciones y las que se proyectan para los próximos años se concentran en la zona de Tierra de Campos y el  Valle del Esgueva, aunque poco a poco se extienden ya por toda la provincia.

megaproyectos. La mayoría de las empresas fragmentan sus proyectos con plantas de menos de 50 megavatios para que la autorización no vaya al Ministerio de Transición Ecológica y se pueda gestionar a través de las autonomías para ganar de esta manera agilidad. Aunque en la provincia hay una decena de proyectos que superan los 100 megavatios. El más potente es la planta solar fotovoltaica Navabuena Solar en los términos municipales de Villalba de los Alcores, La Mudarra y Valladolid, que recibió el visto bueno de la Dirección General de Política Energética y Minas en mayo, aunque deberá reajustar parte del proyecto a las exigencias que figuran en su declaración de impacto ambiental. Esto retrasará unos meses el inicio de las obras. 

En ese listado figura, entre otras, la elaboración de un plan o programa de gestión de la vegetación y  un proyecto definitivo de conservación de aves esteparias, además de respetar el arbolado de la zona en las obras de construcción. Unas condiciones que diversos colectivos locales consideran totalmente insuficientes ante la saturación de parques en estas zonas. 

Incluso la propia administración autonómica habla de «acumulación» de planes en una resolución, de junio de 2022, del informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica 'El Merinero', de 37,5 megavatios, en los términos municipales de Arroyo, Ciguñuela y Zaratán. Un proyecto que se plantea en una zona donde se tramitaban otros ocho de generación de energía eléctrica a partir de la solar. En la resolución de la Junta de Castilla y León se detalla que, en ese momento, ya existía una planta solar en funcionamiento en Zaratán, tres proyectos con  informe de impacto ambiental en Ciguñuela y cuatro en evaluación, dos de ellos en Wamba, otro en Villanubla y el último en Simancas y Ciguñuela. Además, se apuntan otros dos parques eólicos, con declaración de impacto favorable, uno en Villán de Tordesillas y Robladillo y otro en Ciguñuela. 

Muy cerca también se ubica la planta proyectada por RIC Energy, que recibió en diciembre la autorización ambiental para su proyecto fotovoltaico en Tordesillas, de 207 megavatios. Una producción que se plantea en cuatro plantas, que se distribuyen en los municipios de Villalar de los Comuneros, Torrecilla de la Abadesa y Bercero. Esta empresa también ha recibido autorizaciones medioambientales para poner en marcha otro proyecto similar en Olmedo, de 155 MWp, distribuido en tres plantas situadas en los municipios de Medina del Campo, San Vicente del Palacio, Ataquines y Ramiro.

oposición. Esta proliferación exponencial de instalaciones de energía renovable ha generado un movimiento ciudadano en las zonas que se encuentran en este momento más saturadas. No es exclusivo de la provincia y conviene recordar que ya en la campaña electoral de las municipales se visibilizaron sus protestas. En concreto, en Valladolid hay dos plataformas muy activas: En defensa del  Valle de Esgueva y SOSMontes Torozos. Ambas reclaman  «una mayor transparencia» sobre macroinstalaciones renovables.

Los dos colectivos, junto a casi una treintena de organizaciones regionales, registraron en abril una solicitud ante la Junta para que pusiera en marcha un visor compatible con los Sistemas de Información Geográfica que «sirva para facilitar la representación cartográfica de la superficie afectada por las instalaciones de plantas fotovoltaicas y eólicas, instaladas y en tramitación, así como los accesos, las redes de transporte y nudos previstos para dar servicio a las mismas». Una petición que aseguran responde a la «magnitud de los datos y la presión que están sufriendo muchas comarcas de Castilla y León».

Esta movilización ciudadana ha motivado que, de momento, el Ayuntamiento de Renedo haya paralizado el proyecto de la empresa Ríos Renovable de construir otra planta fotovoltaica de 35 megavatios. La iniciativa constaba de dos plantas de 15 y 20 megavatios, presentada en 2019, con una inversión prevista de 35 millones. Este «bloqueo» ha llevado a la compañía a denunciar judicialmente al Consistorio por frenar el proyecto en la última fase, es decir, en la concesión de la autorización de construcción. En otros casos de oposición municipal a las licencias está interviniendo la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta misma semana ha pedido a la Junta de Castilla-La Mancha que revise o anule las normas subsidiarias de un pueblo que prohiben instalar molinos de viento y huertos solares si no es para autoconsumo.

Y ahora la presión de esta plataforma se concentra en las alegaciones al proyecto de un parque eólico, con 40 aerogeneradores, proyectado en Tórtoles de Esgueva. Pero también animan a presentar propuestas a la actualización del plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC). Consideran que este plan está provocando el caos en las administraciones competentes y piden que se pongan límites a la proliferación de plantas, «que puede suponer una grave amenaza para el patrimonio natural y cultural, y para el futuro del medio rural y de la biodiversidad».

De hecho, el propio Ministerio de Medio Ambiente apunta en las indicaciones para conseguir la declaración de impacto ambiental que la concentración de diversas instalaciones fotovoltaicas en las mismas zonas favorables para este tipo de proyectos puede suponer un uso muy intensivo del territorio, transformando grandes extensiones dedicadas a cultivos extensivos, lo cual tiene un impacto directo sobre la biodiversidad por la pérdida y destrucción de hábitats y la fragmentación de poblaciones.