El Comisionado de Transparencia exige a las Cortes de Castilla y León una reforma legislativa que permita establecer multas coercitivas, como medio de «ejecución forzosa», para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este órgano, puesto que tres de cada diez dictadas en 2022 no se aplicaron, pese a que el grado de incumplimiento descendió «ligeramente» el año pasado. El procurador del Común, Tomás Quintana, que ejerce las funciones de comisionado, entregó ayer al presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Javier Teira (Vox) la memoria de la institución relativa al 2022, que se analizará en las Cortes en una sesión el próximo mes de septiembre. Un documento que revela que el pasado año el Comisionado de Transparencia emitió 262 resoluciones y recibió 794 reclamaciones, de las que 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 73,68%). Así, 515 correspondieron a ayuntamientos, 42 a entidades locales menores, 22 a las diputaciones, tres a mancomunidades y otras tantas al Consejo Comarcal de El Bierzo.

Además, 112 de las reclamaciones dirigidas a entidades locales fueron presentadas por cargos de las mismas, puesto que 93 fueron formuladas por concejales, diez por vocales de juntas vecinales y nueve por diputados provinciales. En cambio, 137 reclamaciones se dirigieron a la Administración. La Comisión de Transparencia en 2022 emitió 262 resoluciones. En 678 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuestas a las peticiones de información realizadas ante las propias administraciones, habiéndose incrementado el porcentaje de reclamaciones interpuestas frente a la falta de contestación a solicitudes de información. Por lo tanto, más de ocho de cada diez de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente, según informa Ical.