El alcalde de La Cistérniga denuncia la herencia recibida

D.V.
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Alberto Redondo se queja de la "dejadez" del equipo de Gobierno anterior, con facturas pendientes por 1,2 millones

Ayuntamiento de La Cistérniga. - Foto: D.V.

El nuevo alcalde de la localidad vallisoletana de La Cistérniga, Alberto Redondo, criticó hoy la "dejadez" del anterior equipo de Gobierno del municipio, y lamentó haberse encontrado al acceder al cargo más de 500 facturas pendientes de pago por valor de 1,2 millones de euros, algunas desde el mes de marzo, lo que ha provocado recibir varios requerimientos para hacerlas efectivas, entre ellos algunos de Hacienda.

En un comunicado recogido por Ical asegura que hay certificaciones de obra sin abonar o un importe pendiente de pago desde la mancomunidad Pinoduero. Asimismo, lamenta las "innumerables carencias" que han encontrado en la gestión de parques, jardines y el "abandono del personal público".

En ese sentido, asegura que hay problemas en la piscina municipal, con pérdidas de muchos litros de agua cada día, una depuradora en mal estado y césped sin replantar desde hace tiempo, además de la inexistencia de un plan de mantenimiento de parques y jardines, que ha llegado a provocar tres incidentes con árboles enfermos y abandonados o informes negativos de seguridad.

Asimismo, el nuevo equipo de Gobierno advierte que "se siguen esperando un montón de reformas que no han sido ejecutadas, como en los colegios", con un cercado de hormigón en uno de los centros escolares que conlleva riesgo de caída, y sobre el cual ya se está trabajando para subsanar esta situación antes del comienzo del nuevo curso escolar.

Redondo también denuncia la falta de planificación en materia de personal, con más de 20 operarios que finalizan contrato en este ejercicio, una plaza de técnico de Cultura sin cubrir además de problemas en edificios públicos, como bancos rotos o ventanas caídas en el consultorio que llevan años sin solución, goteras en varios edificios públicos, una pared de frontón que se cae, la presencia de uralita en instalaciones municipales o un edificio comprado por 250.000 euros declarado en ruina sin estar derribado y el solar limpio, algo que ascendería a 60.000 euros por la presencia de amianto.