Los 44 Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León afrontan el nuevo marco comunitario 2023-2027 con un presupuesto del programa Leader de la UE de más de 98 millones, con los que prevén impulsar inversiones en los pueblos de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad por 400 millones y generar un millar de empleos directos y consolidar 2.200. Calculan en este sentido que por cada euro de ayuda pública se generarán tres de inversión privada.

Los GAL, que repiten del marco anterior tras la resolución de la convocatoria para su elección que se publicó el pasado 22 de mayo en el Bocyl, están embarcados en la definición de sus estrategias de desarrollo local, que deberán estar aprobadas en septiembre, para empezar a captar ya proyectos de inversión para la dinamización del territorio. Los programas Leader se implementarán sobre el 96 por ciento del territorio de la Comunidad con el 56 por ciento de la población, aclaró a Ical el vicepresidente de la Federación para la Promoción Rural Integral de Castilla y León, Princal, Víctor Jolín.

El directivo explicó que el presupuesto en este nuevo marco es menor, pero «son menos años, ya que el anterior se extendió del 2015 a 2023 y contó con 170 millones». En este sentido, aclaró que en proporción contarán «con la misma o incluso con más dotación» y el objetivo es lograr invertir lo previsto, que «no es fácil, porque es mucho dinero, y hay que buscar promotores».

«Es muy complicado», dijo a Ical, para remarcar que «cada grupo generará 90 o 100 proyectos y hay que acompañarlos, lograr licencias, definir presupuesto… no es fácil». Si todo llega a buen puerto y acaban con los fondos, que aporta en un 80 por ciento la UE y en un 20% la Junta, podrían pedir ampliación «según vayamos necesitando», indicó.
Jolín aclaró que el reparto entre los GAL se acometerá con una parte de forma lineal para cada una de las 44 asociaciones sin ánimo de lucro y otra en función de la población, su extensión y la estrategia definida.

Objetivos.

El plan estratégico de la PAC de España marca el objetivo básico del programa incluido dentro del pilar de desarrollo rural, que es «promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible». Introduce además la lucha contra la despoblación, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; la innovación y aplicación de las TIC al medio rural, para la competitividad de las empresas; la generación de empleo y la mejora de la empleabilidad; la especial atención a las mujeres, jóvenes e inmigrantes.

Más allá de estas líneas clave, lo cierto es que los fondos permiten una amplia «variedad de proyectos», comentó Jolín, quien apuntó a la pequeña industria agrolimentaria, actividades de turismo, artesanía y servicios a la población. «Sobre todo pequeñas empresas y autónomos, que son los que asientan población», resumió. Asimismo, en relación a los promotores, constató que existe un equilibrio entre hombres y mujeres, pero en el caso de los puestos de trabajo generados, el 55 por ciento corresponde a varones.

El vicepresidente constató que son «ayudas muy pequeñas que se reparten mucho» y suponen aproximadamente el 30 por ciento de la inversión prevista en el proyecto.