La Junta recurrirá el cierre de Navacerrada ante el Supremo

SPC
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Los consejeros de la Presidencia y Medio Ambiente se oponen a la decisión del TSJ: «No compartimos que nos diga qué es lo que tenemos que hacer»

Imagen de archivo de la estación de esquí de Navacerrada. - Foto: Europa Press

El Gobierno de Castilla y León presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJ que condena a la Junta a declarar el cese de la concesión de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia), y que obliga al Ejecutivo regional a encargarse del desmantelamiento de las pistas, algo ante lo que la Junta ya declaró «su falta de competencia» en esta materia. Además, la Junta volverá a pedir al Gobierno central la transferencia de la titularidad de los Montes de Valsaín, paraje donde se ubica la parte segoviana de la estación de esquí.

«No compartimos que nos tenga que decir que es lo que tenemos que hacer. La competencia es nuestra, pero seremos libres de decidir lo que corresponda», señaló el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ratificó la postura anunciada horas antes por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que lamentó un nuevo «ataque» del Gobierno a la Comunidad. «Estamos hablando de unas pistas de esquí y son las únicas en España que se ven afectadas por esta impugnación por parte del Estado. No entendemos por qué. Toda la protección medioambiental que tiene esa zona se ha conseguido estando en funcionamiento y vigentes las pistas de esquí».

Suárez-Quiñones avanzó que van a recurrir ante el Tribunal Supremo en recurso de casación esta sentencia, por lo que «no cobra firmeza» y así la Junta podrá trabajar «por la defensa de sus intereses públicos y de los intereses generales» de los castellanos y leoneses. Y es que, como recalcó el consejero, el Ejecutivo no comparte «en absoluto» la posición del Gobierno de España, que presentó el recurso a una resolución anterior que ha desembocado en esta sentencia que condena a la Administración autonómica. De hecho, Suárez-Quiñones también criticó que el Ejecutivo central «de nuevo» trata de «atacar a Castilla y León» con esta pretensión del cierre de la estación y su desmantelamiento –decretados en la sentencia del TSJ–.

«Entendemos que es simplemente un ataque político a nuestra comunidad, luego vamos a luchar con todos los recursos legales que tenemos a nuestra disposición y hay muchas cartas que jugar en este partido, que no ha terminado ni mucho menos, para defender el interés público», añadió Suárez-Quiñones, que defendió que Navacerrada es «una estación absolutamente popular», con 90 años de historia y de la que disfruta tanto los vecinos de Madrid como los de Castilla y León, de modo que ha mantenido que «no es la típica estación elitista de clases altas».