La venta ilícita de tabaco es, desde el pasado lunes día 20, un poco más difícil en España. La implantación del sistema europeo de trazabilidad en cada cajetilla y en cada paquete de liar busca poner coto a cualquier tipo de fraude, desde la venta bajo cuerda o en bares fuera de zona (los estancos deben comercializar solo en locales de su entorno) hasta el incontrolable contrabando y la venta a través de internet de tabaco al peso. El Gobierno de España ha querido ser incluso más celoso que la UE y ha ido más allá de lo que se establece en la Directiva Europa 2014/40/UE a este respecto, al no  poner fin al seguimiento de cada cajetilla a su llegada al estanco, tal como ocurre en el resto de países, sino que se amplía también a las ventas posteriores que efectúen hacia el llamado ‘segundo canal’ o los ‘puntos de venta con recargo’ (PVR); son las máquinas de bares y quioscos, en donde el tabaco se puede comercializar con hasta un 15% de recargo.

Es aquí donde esa normativa, que per se no gusta al sector, ha puesto en pie de guerra a los estanqueros de Valladolid, ya que la regulación nacional les obliga a efectuar una segunda trazabilidad para la venta a bares. Un negocio al que nadie puede renunciar y que se traduce en «entre el 30 y el 35 por ciento de la venta», porque «quien más quien menos, todos venden a algún bar», tal y como argumentan desde la asociación provincial, que detallan que ahora los pedidos llegan con la trazabilidad hecha por la empresa distribuidora, pero el estanquero, si quiere llevarlo al ‘segundo canal’, tiene que ‘rehacerla’. «No es que vayamos a perder ganancias, no hablamos de dinero físico, sino del de tiempo y de otra complejidad más con el tabaco, por si ya había pocas. Esto es una obligación más y no sabemos quién habrá sido el genio al que se le ha ocurrido esto, porque esto es más trabajo para ganar lo mismo. Somos simples autónomos...», argumentan estas fuentes.

La normativa ha soliviantado a unos estanqueros que no creen que la trazabilidad vaya a acabar con el contrabando ni con los fraudes. «En los demás países europeos han terminado con la trazabilidad del tabaco en el primer punto de venta minorista, que son los estancos, y aquí, en España, se ha querido ir más lejos, obligando al estanco a trazar todo el tabaco que venda al ‘punto de venta con recargo’. Pero esto no tiene sentido, porque si lo que llega al estanco ya está trazado e identificado, lo que se venda a los PVR, ¿de dónde lo sacaría, de debajo de la cama?», se preguntan.

«Estamos ante una directiva de obligado cumplimiento, con lo que, guste o no, tenemos que hacerlo, pero parece una implementación innecesaria», defienden fuentes autorizadas del sector en Valladolid. «No entendemos a qué viene esto, el trasladarlo más allá de nuestros establecimientos, cuando es un control que se puede hacer a través de las facturas que le hacemos al bar. Y si le vendo sin factura, pues como está trazado, ya vendrán a preguntarme qué hacía mi tabaco en ese bar sin haberlo facturado», apostillan.

BARES, EL 35% DEL NEGOCIO

El ‘segundo canal’ supone, según las mismas fuentes, entre el 30 y el 35 por ciento del negocio de cada uno de los 160 estancos registrados en la provincia. «Para algunos puede ser algo más, para otros, menos», puntualizan. «Esto nos exige que cada vez que vayamos a vender a un bar, volver a trazar el tabaco y decir de donde viene y a donde va, con el lío que nos genera porque hay que tener un determinado sistema informático y hay gente que no lo tiene», recuerdan desde la asociación. «La norma señala que todos los equipos corren por cuenta del fabricante, pero eso está por ver. Porque igual nos mandan un escáner, pero eso tendré que adaptarlo a mi sistema informático o poner uno nuevo, además de aprender a hacer algo que nos da más trabajo y que no nos supone ni un euro más».

Y recuerdan el problema que se genera con el acceso a internet en los estancos rurales: «No sé si los que han inventado esto saben que al menos un diez por ciento de los pueblos de Castilla y León tienen una cobertura a internet bastante deficiente, y entonces cómo lo va a hacer el estanco de ese pueblo si tiene que hacer la trazabilidad del tabaco para vender a los bares del pueblo y, además, esa información la debe mandar a un repositorio a Europa, vía telemática».

La queja salta incluso hasta el sistema económico al que dicen que les abocará, puesto que a son «vendedores minoristas» -según se definen- a los que prácticamente se les convierte «en mayoristas», en cuanto venden a las máquinas. «Hay que identificar los puntos PVR a los que vendemos, un trámite administrativo que tenemos que hacer nosotros, sacándonos un código de operador económico y dando de alta tanto mi instalación como la de los Puntos de Venta con Recargo a los que vendo, aunque lo único que hacen es comprarme el tabaco, no tengo máquinas».

El sector en Valladolid trata, por tanto, de adaptarse a la fuerza a un normativa que no comparten y que, en el caso de la trazabilidad al ‘segundo canal’ se les concede una moratoria hasta octubre. «Lo que no se entiende es que nos trate así a un sector que aporta al Estado nueve mil millones de euros en impuestos directos cada año», concluyen.