Hemos vivido una semana convulsa con un final conocido, no quiero decir que esperado porque realmente era poco deseado, en las negociaciones del candidato socialista, Pedro Sánchez, para garantizarse una investidura que le mantuviera cuatro años más en el Palacio de La Moncloa. Como digo, a pesar de la presión social, de las críticas políticas y del estallido de la ciudadanía, que ha salido a la calle para expresar su indignación ante la amnistía, el PSOE ha conseguido cerrar un acuerdo con Junts, el último eslabón de partidos independentistas vascos y catalanes con los que ha claudicado para seguir al frente del Gobierno de España, casi la única institución que mantiene bajo su mando un Partido Socialista al que ya no conoce 'ni la madre que le parió'.
A pesar de que nadie ha visto la firma entre el fugado Puigdemont y Santos Cerdán, número tres socialista y miembro del núcleo duro de Sánchez, el acuerdo de la ignominia está en marcha y ya es conocido. Las movilizaciones en la calle se mantienen este fin de semana y se esperan multitudinarias en una expresión colectiva de rechazo hacia la cesión a los separatistas catalanes; eso sí, hay que exigir una manifestación pacífica de la voluntad ciudadana, pues la violencia no tiene cabida en ninguna reivindicación democrática, algo que por desgracia no respetaron aquellos que ahora serán amnistiados, si nadie lo remedia.
Y a nosotros, ¿en qué nos afecta?, me insinúa alguna persona. Indudablemente que nos afecta a todos, incluidos a los vallisoletanos. El dinero perdonado a los catalanes lo aportamos todos y, por ejemplo, podría destinarse a realizar el proyecto y ejecución del soterramiento del ferrocarril, un proyecto histórico que murió -aunque ahora ha resucitado- por falta de presupuesto público. O también podría aprovecharse una pequeñísima parte de esos 15.000 millones de euros para comenzar de una vez a realizar la denominada 'Ciudad de la Justicia', una iniciativa paralizada ante la enmarañada tramitación administrativa por falta de interés político y de presupuesto. También se podría terminar en un tiempo récord la demandada Autovía del Duero, esa que nos permitiría unir la capital con Peñafiel de manera rápida y segura, para luego seguir hacia la provincia de Burgos y llegar a Soria. En fin, podría seguir añadiendo proyectos pendientes de la Administración del Estado en Valladolid y los cuales han sufrido y siguen acumulando retrasos por falta de inversiones por parte del Gobierno de España. Para ello, no había dinero… o no hacían falta votos.
No es cuestión de llenar este espacio con una retahíla de actuaciones 'históricas' que aún siguen esperando su oportunidad, pero desde luego sí hay que defender con uñas y dientes la igualdad de los españoles ante la ley. En Valladolid, como pasa en Castilla y León y otros lugares de España, no hemos sido nunca de defender lo nuestro. Muchas veces hemos dado la callada por respuesta ante afrentas no pequeñas y no hemos sabido reivindicar en la calle nuestros derechos, algo que en otros territorios hacen ante cualquier problema social. Todo ello no impide que haya llegado el momento de decir ¡basta ya!. Todos los españoles debemos ser tratados de la misma manera y el cuento de las comunidades 'históricas' -quién hay más histórica que Castilla y que León o que Valladolid que fue capital de un imperio en el que no se ponía el sol- no puede servir para la concesión de privilegios que van en detrimento del resto.
Tengo que terminar reclamando respeto, a todos los vallisoletanos y al resto de los españoles, para que ningún acuerdo político perjudique sus intereses, su calidad de vida o su futuro. Por supuesto, que también hay que respetar a quien defienda el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas catalanes, a pesar de que puedan estar equivocados o no vean ahora el peligro que su contenido conllevará en el futuro más cercano y a largo plazo. Todos los planteamientos políticos son legítimos siempre que estén dentro de la Constitución, pero en esta ocasión creo que se han sobrepasado algunas líneas rojas y puede ser que también algún artículo de la Carta Magna.