Siempre que alguien plantea en un foro público o privado cómo se pagarán las pensiones del futuro se siente un silencio sobrecogedor ante el desconocimiento de soluciones realistas que puedan restablecer el equilibrio roto entre trabajadores y pensionistas en la sociedad española actual. Bien es verdad que todos los territorios no se encuentran en el mismo punto, aunque la caja común debe garantizar un mismo trato a todas las personas que alcanzan su jubilación y son merecedoras de una pensión para la que han estado cotizando toda su vida profesional. En este aspecto, Valladolid se encuentra entre las provincias con mayor desfase, ya que una proyección de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) señala que en 2050 casi se igualará el número de personas en activo con el de jubilados, en concreto si la demografía continúa el camino que lleva actualmente, dentro de 25 años habrá 88 pensionistas por cada 100 hombres y mujeres en edad de trabajar.
Esta situación es difícilmente sostenible para un sistema de pensiones, cuya solvencia se sustenta en los ingresos por cotizaciones de los propios trabajadores. Aunque en España la relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas se encuentra en máximos de la última década -2,39 cotizantes por cada jubilado a cierre de 2022-, la edad media del grueso de los trabajadores (entre 50 y 64 años) y el envejecimiento de la población hace peligrar este equilibrio en el medio y largo plazo.
Actualmente, ya casi 125.000 vallisoletanos tienen 65 años o más y, por lo tanto, la inmensa mayoría está en edad de jubilación. En poco más de diez años (2035) más de 120.000 personas que residen en Valladolid superarán los 70 años. Esto es inapelable y, aunque se hayan incrementado los incentivos a la natalidad y a la permanencia de los jóvenes en los municipios rurales, no parece que haya vuelta de hoja. El problema llega a la hora de plantear cómo podremos pagar todas esas pensiones, teniendo en cuenta además que la edad media de vida cada vez es mayor y ya se encuentra en los 84 años. Difícil ecuación, que tendrán que resolver expertos con soluciones realistas y sin contaminar por la confrontación política de los partidos, que solo piensan y actúan en función del rédito que obtengan en las urnas. Habrá que esperar y ver, pero es obligatorio ponerse ya a pensar en propuestas que puedan revertir el camino hacia el abismo porque la reciente reforma del sistema promovida por el Gobierno y aprobada en las Cortes Generales será pan para hoy y hambre para mañana. Me temo que en unos pocos años tendremos que volver a plantear nuevos cambios.
Sin creerme uno de los expertos, que deben opinar con números y sólidos argumentos, sí me atrevo a decir que claramente habrá que recurrir a la inmigración para poder elevar el número de trabajadores en activo, pues no habrá margen para nada más en algo menos de tres décadas. A pesar de que el número de afiliados en España se encuentra en las cifras más altas desde hace muchos años, su crecimiento va a depender mucho de la creación de empleo a medio y largo plazo, a pesar de lo cual será complicado equilibrar las cuentas mientras los pensionistas sigan aumentando.
En definitiva, conviene ser consciente de lo que nos viene. El envejecimiento de la población, el aumento de la edad media de vida y la falta de relevo por la baja natalidad nos están conduciendo a una situación de quiebra, si me permiten la expresión para que todo el mundo lo entienda, a la que hay que poner remedio. Soluciones hay muchas diferentes, de hecho no estaría de más estudiar los modelos existentes en otros países europeos que podrían servirnos de ejemplo, aunque casi todos ellos tienen dificultades. Por supuesto, que quizás haya que traspasar dinero de nuestros impuestos para pagar a los jubilados, lo mismo que se aprovechó la hucha de las pensiones para financiar algunos servicios básicos hace décadas. Algo hay que hacer en una sociedad que, si no acierta con las medidas, contará con más jubilados que trabajadores antes de acabar el siglo.