Dicen que los informes psicológicos desaconsejaban hasta la concesión del tercer grado, pero Ramón Mazariegos obtuvo la libertad condicional con apenas doce años cumplidos entre rejas por el crimen del Cuchus, pese a que pesaba sobre él una condena de 28. Por lo demás, era un preso que no daba mucho problema y que nada hacía presagiar que iba a volver a matar al poco tiempo de su excarcelación. No tenía un historial delictivo de postín y llevaba viviendo en una celda desde los 20 años, por lo que el juez de vigilancia penitenciaria aceptó su solicitud de libertad condicional en el verano de 2004, sin ningún tipo de control sobre sus movimientos.

A todos los efectos era un hombre libre, en proceso de vuelta a la sociedad, pero aprovechó esa oportunidad de reinserción para a matar solo siete meses después. ¿Falló el sistema?

Años después, con Mazariegos ya condenado como autor del llamado crimen de Puente Duero, el abogado de la familia de la víctima, José Antonio, decidió presentar una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Estado para conseguir una indemnización por haber permitido la puesta en libertad del asesino. Se reclamaron 300.000 euros y se concedió, además de la razón, un pago de 100.000.