Valladolid es la trigésima provincia más poblada de España y la número 13 en el ranking demográfico de las capitales, pero cuando se habla de abusos bancarios solo Madrid está por delante, pese al evidente salto que existe entre ésta y otras con bastantes más habitantes como Sevilla o Valencia. Los 14.436 casos vallisoletanos que se llevaron al juzgado durante los últimos tres años suponen el mayor acúmulo registrado en España, ligeramente por encima de Barcelona y solo superado por las cerca de 60.000 denuncias presentadas en Madrid. La anomalía es de tal calibre que incluso en este arranque de 2023 se ha registrado medio centenar más de demandas por abusos en Valladolid que en toda la provincia madrileña.
Esta situación hace que Primera Instancia 4 empiece a ser una 'rara avis' en la geografía judicial patria, donde ya solo quedan otros quince juzgados especializados en esta materia y con el principal objetivo de solventar un atasco que empezó a generarse hace ya seis años. Fue en junio de 2017, cuando el CGPJ y el Ministerio pusieron en marcha un plan de choque para responder ante la avalancha de demandas por abusos bancarios que conllevarían las sentencias que daban la razón a los usuarios respecto a las cláusulas suelo en las hipotecas de la burbuja inmobiliaria. Ya después, fueron llegando otras sentencias, como la de los gastos hipotecarios que han ido engordando el problema.
En el caso concreto de Valladolid, primero se optó por crear solo un juzgado bis sin apenas medios que se colapsó ya en sus primeros seis meses de trabajo. El plan de choque arrancaba el 1 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de ese mismo año ya había 3.001 casos pendientes; prácticamente los mismos que se registraban cinco años después y que ahora, huelgas mediante, se han ido ya hasta los 3.348.
Esta situación no mejoró hasta que en enero de 2019 se hizo caso a los profesionales y se constituyó una especie de 'macrojuzgado' en torno a Primera Instancia 4 que ha llegado a aglutinar cuatro jueces, cuatro letradas de la administración de justicia (dos LAJ son de apoyo) y 16 funcionarios (algunos solo de apoyo, con unas prolongaciones de jornada). Ha sido cuando las cifras han empezado a mejorar de modo evidente, pero los profesionales todavía piden más medios para intentar finiquitar ese atasco.
Las necesidades
«El juzgado necesita algún LAJ más de apoyo para la ejecución de las sentencias, y sobre todo más funcionarios», tal como señala el decano del Colegio de Abogados, Javier Martín, quien afirma que «los principales retrasos se producen en la tramitación de procedimientos y en ejecuciones, y no tanto en su resolución».
En igual sentido, la vicedecana del Colegio de Procuradores, Emilia Camino, también señala que «el grueso del atasco está en la fase de ejecución, en la tramitación de los cobros y el cumplimiento de las sentencias, que es donde hay un retraso de varios meses. Y esto es algo inaudito en Valladolid, porque esta es una ciudad donde las cosas funcionan muy bien, por regla general». «El problema está ahí, en la ejecución, y para eso hace falta más personal», apostilla Camino.
El decano de los abogados no solo pone el acento en esa falta de medios en el juzgado, sino también en la actitud de los bancos: «Sería precisa una mejor respuesta por parte de las entidades bancarias a las reclamaciones previas que se realizan en todos los supuestos. Es inconcebible que existiendo unos criterios ya asentados tanto por el Supremo como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aún sigan oponiéndose a las demandas, recurriendo las sentencias en fase de apelación y hasta impugnando las tasaciones de costas».
Martín también lamenta que el Ministerio no haya logrado frenar la ola de huelgas que «desde el mes de enero tienen paralizados los juzgados». Es más, en los primeros datos hechos públicos de 2023, ya se aprecia claramente que este es un problema también en el tema de las cláusulas suelo, puesto que el ritmo de ingreso continúa en la franja de los 300 nuevos asuntos mensuales, tras bajar solo un 24% en ese primer trimestre, mientras el de resolución ha caído en un 65 por ciento, provocando un repunte del atasco de casi el 11%.«Lo de la huelga de funcionarios es terrible. Por supuesto que tienen todo el derecho a hacerla y es una reivindicación justa, pero estamos preocupadísimos por las huelgas. Los daños económicos y morales empiezan a ser incalculables. Esto es un problema para nuestros clientes que tienen que ir y luego ven cómo no llega a celebrarse el juicio», apostilla la vicedecana de los procuradores.
Dos años
La situación, por tanto, ha ido empeorando con todas esas huelgas, el atasco vuelve a crecer y, según señala Javier Martín, «hay unos perjuicios evidentes, porque una justicia tardía no es justicia»: «Ahora mismo, el procedimiento principal puede tardar unos dos años desde la presentación de la demanda y hasta sentencia, y un período semejante en ejecución».