Las Cortes de Castilla y León instaron ayer a la Junta, mediante propuesta de resolución, a que solicite al Gobierno que antes de concluir 2020 «se ponga en marcha, de modo efectiva», la tarjeta sanitaria individual válida para todo el Sistema Nacional de Salud, que «permita recibir las prestaciones en idénticas condiciones que las reconocidas para los residentes en cada uno de los servicios autonómicos, con independencia del lugar de residencia habitual».
Además, pidieron al Ejecutivo autonómico que, en sus funciones coordinadoras en el Consejo Interterritorial de Salud, también antes de finalizar el próximo año «desarrolle acciones necesarias para que con la tarjeta única se pueda acceder a los datos clínicos y de tratamiento del usuario desde cualquier dependencia sanitaria pública del Sistema Nacional de Salud».
La propuesta salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, Por Ávila, UPL y Vox, los votos en contra del PSOE y la abstención de los dos procuradores de Podemos (además de, por error, un tercero del PSOE), como informa Ical.
El procurador popular Alejandro Vázquez fue el encargado de defender la propuesta y pidió «igualdad» 33 años después de dar luz verde a la Ley General de Sanidad. «Parece mentira que un partido de 140 años, que dice que ha defendido la bandera de la igualdad, en un tema como este haya dejado de luchar y negar la evidencia. Un partido que en 1986 defendía la igualdad y que ha pasado ahora al federalismo y al ‘nación de naciones’, que la niega. Quién les ha visto y quién les ve», recriminó Vázquez.
«Tanto lo tergiversa que ustedes acaban creyéndola», respondió a la socialista Inmaculada García Rioja, a quien acusó de un «duelo patológico», y quien había sostenido que la tarjeta sanitaria individual «no es nueva» y se puso en marcha en 2010, «con un gobierno del PSOE, y no con el PP, como ha dicho Pablo Casado».
A favor de la iniciativa se mostró el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, quien consideró que es «un retraso que no exista ya esta tarjeta para que los ciudadanos sean atendidos de la misma manera». «Son trastornos para el paciente y para el trabajador sanitario», denunció.
También los respaldó María Montero, de Ciudadanos, quien subrayó que es un punto que se encontraba en el programa electoral de la formación naranja. «En 2018 lo propusimos en el Congreso y el PP votó a favor; mientras que PSOE y Podemos lo hicieron en contra. Entonces no eran tan amigos como ahora. Me sorprende que no estén a favor de la igualdad. ¿Cómo van a recibir una prestación igualitaria si no se puede visualizar los datos de esos desplazados?», se preguntó. Precisamente, fue Francisco Igea, entonces diputado en la Cámara Baja, quien defendió esta propuesta.