La Diputación de Valladolid aprobó esta semana un expediente de modificación de créditos,  el ESBT-8/2021, por importe de 2.839.716 euros, que aprobará el próximo pleno de la institución de este mes de octubre. Esta modificación servirá para hacer una nueva inyección de liquidez a la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva) para evitar que cierre en negativo. Esta empresa pública es la encargada de la gestión de los centros turísticos, entre otros aspectos, y necesita más dinero antes de que termine el año. Por un lado, con el suplemento de créditos por importe de 638.823 euros que tienen como objetivo solventar los problemas de tesorería generados por el anticipo que hace la sociedad del pago del Impuesto de Valor Añadido (IVA) que soporta de sus proveedores y cuya devolución no ha sido aún ejecutada por la Agencia Tributaria. 

A esta cantidad se une un crédito extraordinario de 293.354 euros para llevar a cabo la inversión necesaria para el cambio del sistema de propulsión del barco Antonio de Ulloa, que cubre el trayecto navegable del Canal de Castilla en la provincia de Valladolid, exigido por la Confederación Hidrográfica del Duero para poder seguir manteniendo la actividad turística, así como para el desarrollo, adquisición de mobiliario y bienes de equipo de nuevos establecimientos de Comercio Rural Mínimo.

El Grupo Provincial Socialista cree «injustificado» un nuevo incremento de las aportaciones de la Diputación a Sodeva, que tras esta nueva modificación asciende a 4.119.734 euros.

«Seguimos destinando dinero de la institución provincial a Sodeva cuando está demostrado que es una sociedad ineficaz y que no está cumpliendo los fines para los que se creó», comenta el portavoz del Grupo, Francisco Ferreira.

Según apuntan los socialistas, en el presupuesto de 2021 se incluyó una transferencia de 3.142.561 euros para financiar el funcionamiento y las actuaciones de la sociedad. Ahora se solicita una modificación del contrato ampliando esa cantidad en 977.178 euros.

En marzo de 2018, el Grupo Socialista ya votó a favor de su disolución y, a día de hoy, mantiene su postura, recuerdan. «A través de varios informes, y una anualidad tras otra, el equipo de Gobierno ha estado justificando la continuidad de Sodeva basándose en aspectos estrictamente económicos, como la repercusión del IVA. Algo que no es del todo cierto, porque hay actas de inspección de la Agencia Tributaria reclamando la devolución de importantes cantidades en este concepto», dicen.