La Inspección de Trabajo ha logrado que más de 8.000 trabajadores de Castilla y León que se encontraban con un contrato temporal fueran convertidos en indefinidos al no cumplirse los requisitos para seguir con esta modalidad laboral. Son los llamados 'falsos temporales', un importante nicho de entramado laboral de laComunidad que sufre los problemas derivados de la precariedad laboral y encadenan contratos temporales más allá del límite legal. Contra estos abusos, la Inspección y el Ministerio de Trabajo han puesto la lupa y el pasado mes de febrero lanzaron el nuevo plan de choque contra el fraude en la contratación temporal. Una ofensiva liderada por el departamento de Yolanda Díaz que, unida a la actividad ordinaria de la propia Inspección han dejado en Castilla y León unas cifras de récord durante los primeros nueves meses del año. Tal es así que, entre enero y septiembre, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a este periódico, la actividad inspectora ha logrado que 8.177 falsos temporales fueran convertidos en indefinidos, una cifra que casi duplica la de todo el pasado año, cuando se transformaron 4.913 contratos, y supera la de todo 2019, último año anterior a la pandemia, y cuando no se superaron los 7.560.
Todo ello ha llevado al departamento de Yolanda Díaz a calificar como «histórica» la presente campaña contra el fraude en la contratación, que ya tuvo dos ediciones con anterioridad –2018 y 2019–, pero donde el volumen de trabajadores repescados no fue tan importante. Una realidad que también evidencia como durante la salida de la crisis de la covid-19 se ha estado abusando por parte de los empresarios de la figura de la contratación temporal. Según el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, se trata de unos datos, que ponen de manifiesto «que hay enormes bolsas de fraude que han de ser combatidas» y hacen «necesaria una reforma en materia de contratación que haga de la indefinida la regla general y confine la temporalidad a aquellos casos donde se justifique objetivamente».
Campaña contra el fraude
La campaña impulsada por el Ministerio en febrero de este año consiste en el envío masivo de cartas a las empresas en las que se han detectado los posibles fraudes requiriendo la transformación de esos temporales en indefinidos. Unas misivas en las que se les avisa a los contratadores que, en caso de que no actuar en este sentido, acudirá un inspector al centro de trabajo para comprobar si la supuesta ilegalidad es tal.
La Inspección obliga a hacer fijos a 8.100 falsos temporalesAsí, la Inspección combate una serie de incumplimientos, como la superación de los límites máximos de duración de los contratos temporales legal o convencionalmente establecidos, incluidos los encadenamientos de contratos; los contratos temporales sin causa justificada; la contratación temporal en empresas por encima de los límites fijados en la negociación colectiva para compañías del sector; o la contratación irregular a través de empresas de trabajo temporal.
Con el objetivo de encontrar indicios de abuso en la contratación temporal, la Inspección usa la herramienta de Lucha contra el Fraude, una aplicación que cruza datos de afiliación de la Seguridad Social, del SEPE y, en ocasiones, de la Agencia Tributaria. Todo ello hace posible endurecer el control del fraude en la temporalidad, algo que a la Inspección se le atasca con los métodos tradicionales por la gran cantidad de contratos que se firman cada año en España.
Uno de cada tres
Esta actividad inspectora contra los abusos en la temporalidad han hecho que uno de cada tres contratos temporales convertidos en indefinidos en lo que va de año haya sido por obligación de la Administración, al estar detrás de 8.100 de los 25.000 transformados en indefinidos durante los tres primeros trimestres del año.
Por provincias, ?Valladolid acapara uno de cada cuatro falsos temporales convertidos en indefinidos, con algo más de 2.270, seguida por León, con 1.407. En el lado opuesto, Soria, con 316 y Ávila, con 426, fueron las zonas de la Comunidad donde la actividad inspectora detectó menor número de fraudes en la contratación temporal.