El caso de Olivia y Anna, las dos niñas presuntamente secuestradas y asesinadas por su padre, Tomás Gimeno, en Tenerife ha vuelto a poner sobre la mesa un tipo de violencia, ahora llamada vicaria, y que antes irrumpió en la sociedad española a través de casos como el de José Bretón, que mató e incineró a sus hijos después de denunciar que habían desaparecido en un parque cordobés. Violencia vicaria en realidad es un término que se aplica a la violencia por sustitución en general y que ahora se usa para definir aquellos casos en los que se ejerce en el ámbito de la violencia de género, cuando una persona agrede (física o psicológicamente) a otra con el objetivo de provocar dolor a terceros; normalmente, la utilizan algunos progenitores sobre sus propios hijos para vengarse de sus exparejas.
Este término es nuevo, pero el fenómeno de la violencia vicaria, no, ya que las Fuerzas de Seguridad llevan ya dos años incluyendo a los hijos de víctimas en sus protocolos de protección. VioGén, el sistema de seguimiento integral de violencia de género del Ministerio del Interior, recoge desde marzo de 2019 todos los casos de menores en situación de riesgo, de los que actualmente hay tres activos en Valladolid.
Desde 2019, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local han tenido activos 209 en Valladolid, de los que 50 entraban en VioGén por la situación de ‘vulnerabilidad’ social apreciada en los menores; 142 eran clasificados como ‘casos de especial relevancia’, porque ya se había ejercido violencia en ese hogar, aunque no directamente con los niños; y 17 por determinar una situación de ‘riesgo’, que son «los más preocupantes», explica el jefe de la Unidad Familia-Mujer (UFAM) Protección de la Brigada de Policía Judicial de Valladolid, el inspector Luis Miguel Díez.
EL PROTOCOLO
VioGén distingue entre esos tres tipos de supuestos de protección para los menores, que se pueden dar combinados o en solitario. El protocolo exige que, cada vez que haya una denuncia, se efectúe una valoración de la víctima a través de un cuestionario de 39 preguntas que también ayuda a descubrir si sus hijos pueden estar en algunas de las situaciones de riesgo y, «si es así, es el propio sistema genera siempre una diligencia para que se envíe al juzgado y se efectúe una valoración forense del menor».
«La situación de vulnerabilidad se produce cuando estamos ante madres que tienen dependencia de drogas o tendencias suicidas, por ejemplo, y hay riesgo de que esos niños no puedan ser atendidos correctamente. Solemos estar en contacto con los servicios sociales para que estén pendientes de esos menores», explica Díez.
El peligro de la violencia vicaria empieza a aparecer en el siguiente estadio, en esa clasificación que en VioGén se define como de ‘especial relevancia’ que suele ir vinculada a situaciones de violencia previas, aunque no ejercidas con los niños expresamente. Son unos casos en los que «generalmente, concurren circunstancias como que el agresor tenga dependencias de alcohol o drogas, que haya ejercido violencia en el domicilio antes, que tenga ideas suicidas...», detalla el jefe de UFAM-Protección de la Policía.
Pero el peor escenario es cuando el protocolo de VioGén sitúa a un menor en la situación de ‘riesgo’: «Es cuando el padre puede ser un riesgo real para los hijos, porque les ha pegado con anterioridad a los menores o porque directamente ha amenazado a la víctima con hacer daño a los hijos, que sería el caso que tenemos en Tenerife. Si a ello le sumamos situaciones de violencia extrema o tendencias suicidas por parte del padre, pues tenemos un caso claro de auténtico riesgo en el que hay que estar muy encima», asevera el inspector Díez.
«Si los niños están clasificados como en ‘riesgo’, la situación exige citar al padre de vez en cuando para ver por dónde va y cómo está; es una tarea importante de prevención. Porque si está aceptando la nueva situación que tiene, el riesgo se va a ir diluyendo, pero si vemos que es una persona que se ha quedado anclada, a nosotros nos preocupa y no se le puede descuidar», añade. «En el caso de que nos preocupen mucho la situación del menor, que haya un riesgo potencial, uno de los momentos clave son la salida y entrada de los colegios».
LA PROTECCIÓN
La protección que desarrollan los agentes de la UFAM arranca desde el mismo instante en que entra la denuncia en comisaría: «Se le asigna un agente protector a la víctima y ya se va con ellas al juzgado, porque ese es un momento muy delicado. Después allí el juez puede conceder orden de protección o no, pero nosotros también podemos mantener la protección policial sobre el caso si lo consideramos necesario», tal como detalla Díez. «La víctima siempre tiene nuestro teléfono y acude a nosotros siempre que lo necesite», apostilla el jefe de UFAM-Proteción, quien señala que «en el juzgado también se habla con el presunto autor puesto que eso da pistas de cuál es su situación, de qué entorno familiar tiene, de cómo es la vida que lleva... porque cuando es una persona aislada, hay que preocuparse».