Las imágenes de la salida de Lledoners fueron un torpedo en la línea de flotación. Confiesa un miembro de Gobierno que, su impresión, es que no hay un solo ministro que sienta reticencias hacia los indultos, aunque algunos pudieron tenerlas hace semanas cuando se empezó a asumir que era una decisión presidencial sin marcha atrás. Sin embargo, explica, la capacidad de convicción de Pedro Sánchez y su certeza de que era el camino adecuado para encontrar una salida pactada al grave problema que provoca el independentismo catalán desde hace años, acabó con aquellas reticencias iniciales. En el Consejo de Ministro del pasado martes incluso se vieron algunas caras de satisfacción, de que iba a haber una respuesta social positiva hacia el reto que asumía el presidente catalán.
Sin embargo, las imágenes de la salida de la prisión de Lledoners, con las declaraciones en las que insistían en la independencia de la república catalana, y que jamás renunciarían a su objetivo, fueron demoledoras para la mayoría de los miembros del Gobierno. Especialmente hirientes fueron las previas a cruzar la puerta de la libertad, cuando encararon los últimos metros gritando «victoria, victoria».
Desde el Gabinete del presidente y la Secretaría de Estado de Comunicación se pusieron a la tarea de transmitir que era necesario tomar decisiones para acabar con las exigencias independentistas, que convulsionaban no solo la sociedad catalana sino España entera. Con sus llamadas consiguieron que algún medio más afín rebajara el tono de sus editoriales. Otros medios, sin embargo, arremetieron con una virulencia que no se esperaba en Moncloa.
Descalificar a la oposición se le da bien al equipo de Sánchez. La insistencia en acusar al PP de dejarse comer el terreno por la ultraderecha, Vox, y empezar a meter en el mismo saco a Cs, no tiene más objeto que presentar a Sánchez como un estadista con más coraje que su antecesor, Mariano Rajoy, que no solo no impidió el referéndum ilegal del 1 de octubre, pues se llegó a celebrar, sino que no apaciguó las ansias independentistas.
Por otra parte, el apoyo a los indultos de destacados miembros de la banca y la empresa, así como de los obispos catalanes -reforzadas después por un portavoz de la Conferencia Episcopal que ha provocado una gran polémica-, también fueron elementos que utilizaron miembros del Gobierno para tratar de convencer a sus interlocutores más escépticos sobre las ventajas de la decisión.
No está muy claro que las palabras del presidente de CEOE, supuestamente a favor de los indultos, se deba a una mala explicación de Antonio Garamendi o fuera una interpretación inducida desde las alturas. En cualquier caso, Garamendi tuvo oportunidad de expresar claramente su postura en el pleno de la patronal, con lágrimas que demostraban la tensión vivida en los últimos días cuando se le acusaba de situarse al lado del Ejecutivo progresista para conseguir así más fondos europeos para los empresarios españoles.
El siguiente capítulo con el que contrarrestar la conmoción con la que un porcentaje alto de españoles han recibido los indultos a los sediciosos, se centra en encadenar viejos asuntos que llevaban tiempo a la espera de ser abordados. Desde reducción del impuesto del IVA a determinados productos, a medidas para bajar el recibo energético -después de haberlo subido hasta cifras nunca conocidas hasta ahora-, flexibilizar las medidas iniciales que se habían anunciado sobre el uso de las mascarillas en el exterior, autorizar la presencia de pública en fútbol y baloncesto a partir de septiembre y acelerar la puesta en marcha de las reformas con las que se espera acabar con la situación de interinidad de medio millón de españoles que se prolonga desde hace años, en algunos casos décadas.
Al Gobierno le preocupan una serie de asuntos relacionados con los indultos. El equipo jurídico de Justicia traslada a sus compañeros que los decretos están muy bien amarrados y que han tenido en cuenta los posibles resquicios que podrían alegar quienes han presentado recursos ante el Tribunal Supremo y quieren llevarlos al Tribunal Constitucional. Están seguros que tendrán el respaldo de los tribunales de La Haya y Estrasburgo, ante los que presentaron en su momento los ahora indultados.
Puigdemont
Al Ejecutivo le preocupa Puigdemont, que no se va a conformar con que todas las decisiones se tomen en España en una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat en la que no va a participar pero en la que quiere imponer su criterio. Les preocupa también que no contempla el levantamiento de la inhabilitación de los condenados, todos ellos excepto el ex consejero Forn y la ex presidenta del Parlament Forcadell, van a continuar muy activos. Junqueras será el principal interlocutor de ERC en la mesa, aunque Puigdemont tratará de impedir su influencia. Y el resto de los indultados tendrán papel protagonista en Junts, ANC y otras formaciones habitualmente muy activas y que ahora aún van a esforzarse aún más en mantener muy alto el listón de sus reivindicaciones.
La semana próxima, Pedro Sánchez recibe en Moncloa a Pere Aragonés, pero el formato será el clásico entre el presidente de Gobierno y un presidente autonómico recién elegido aunque, evidentemente, la conversación girará en torno a los problemas que ha provocado el independentismo. La mesa de negociación se reunirá en otoño. Será entonces cuando se compruebe si los independentistas van de farol o, como dicen, lo que importa es lo que se está hablando en privado.
Un último asunto preocupa en Moncloa: Pablo Casado, además de crecer en los sondeos debido entre otras razones al rechazo hacia Pedro Sánchez, se dispone a dedicar tiempo y esfuerzo a denunciar en las instituciones europeas lo que exigen los secesionistas catalanes y cómo puede afectar este asunto a la UE que parte del territorio de un país miembro, se independice. Son varios los Estados europeos con partidos independentistas.
Casado no es más que el líder de la oposición en España, pero presidente un partido que pertenece al PPE, que es uno de las dos formaciones, junto a la socialista, más influyentes de la Unión Europea.