El equipo de abogados de Grupo El Salvador continúa con su hoja de ruta para tratar de conseguir la exoneración de los dueños de este imperio funerario, que lleva desde el 31 de enero bajo la sombra de la sospecha, tras ser acusado de una ‘macroestafa’ de seis millones de euros que se habría prolongado a lo largo de dos décadas, de 1995 a 2015, y que tendría una nómina de afectados que rondarían los 6.000.
La defensa se fijó como primer objetivo lograr la excarcelación del dueño de la empresa y dos de sus hijos, y ese triple reto se completó hace una semana, cuando se hizo el depósito de la fianza hipotecaria de 800.000 euros que la Audiencia Provincial de Valladolid estableció para Ignacio Morchón (padre), tras corregir a la juez de Instrucción 6 y a la propia Fiscalía, que proseguían en la tesis de que el septuagenario debía permanecer en prisión, sin posibilidad de fianza, tal como se acordó el 2 de febrero, después de su arresto como presunto líder de la trama de cambiazos de ataúdes de esos veinte años.
Su equipo de defensa sostiene que con la salida de prisión del propietario de este imperio funerario «se pone fin a una situación injusta creada desde febrero por razón de la artificiosa alarma social que fue creada tras las manifestaciones públicas de la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, y el jefe superior de Policía en la región», denuncian desde el bufete Polanco y Seijas. «El proceso judicial será largo por el número de denunciantes, pero las pruebas ya presentadas acreditan el buen trabajo del Grupo El Salvador en toda su historia» y, según creen, «tendrán su reflejo en la instrucción».
«Los siguientes pasos ahora son reducir las fianzas y practicar la prueba pericial caligráfica sobre las anotaciones, así como empezar a recuperar la normalidad lo antes posible, una normalidad que no debía haberse perdido», argumenta el letrado Javier Ruiz Blay.
La familia Morchón ha tenido que depositar durante las últimas semanas una fianza hipotecaria por hasta 1,8 millones de euros. La primera en salir, previo abono de 200.000 euros a través de la fianza hipotecaria, fue Laura, la hija del dueño y gerente del tanatorio del camino de Cementerio. Ella fue arrestada una semana después que su padre y hermano, se le impuso una fianza de 800.000 euros, que se rebajó, primero, a 400.000 y, luego, a 200.000; tras cinco semanas, el 19 de marzo, recuperó la libertad.
Ignacio Morchón (hijo) ingresó en prisión el mismo día que su padre, con una fianza de 800.000 euros que fue abonada a finales de marzo, ejecutándose su salida el día 29, tras dos meses entre rejas. Por último, el padre salió el pasado 7 de junio, tras un depósito de otra fianza hipotecaria por importe de 800.000 euros.