Junta y ayuntamientos se coordinan contra el intrusismo

SPC
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El director general de Turismo, Javier Ramírez, mantiene una reunión con los concejales de Turismo de las capitales de provincia para coordinar actuaciones contra el intrusismo en el sector. - Foto: Ical

El Gobierno regional trabaja en el Plan de Inspección Turística 2019-2021 y estrecha la colaboración con policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria

El director general de Turismo, Javier Ramírez, se reunió en la mañana de hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid con los concejales de Turismo de los ayuntamientos de León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, junto con responsables de la Policía Nacional como el jefe de sección de la brigada provincial de Seguridad ciudadana de Valladolid, Manuel Castro, para desarrollar de manera coordinada actuaciones de control de la actividad clandestina y del intrusismo en el sector.

Según apuntó Ramírez, el objetivo fundamental del encuentro es impulsar la coordinación institucional entre la Junta y los ayuntamientos en las labores de inspección, a través de la colaboración entre los servicios de inspección de la Junta y las respectivas policías locales. “A través de tres ejes queremos desarrollar una herramienta fundamental para desincentivar y frenar la proliferación de la comercialización de viviendas de uso turístico ilegales”, señaló. En ese sentido, se refirió a la colaboración con la Policía Nacional para “garantizar la seguridad ciudadana”, la Guardia Civil para “controlar la legalidad de las viviendas de uso turístico en el medio rural” y la Agencia Tributaria para “desarrollar inspecciones y control de posibles actividades delictivas y defraudatorias”.

En el encuentro, Ramírez comunicó a los concejales de las capitales de provincia participantes las últimas modificaciones legislativas sobre la materia, como los últimos cambios en la Ley de Propiedad Horizontal (antes se requería la unanimidad de la comunidad para frenar una vivienda de uso turístico, y ahora solo tres quintos de los votos) o en la Ley de Arrendamientos Urbanos (donde se amplía el concepto de vivienda de uso turístico a cualquier canal de publicidad y difusión).

Además, informaron sobre la “experiencia piloto” que se está desarrollando en Valladolid desde el pasado mes de junio junto con la Policía Nacional, para intercambiar información sobre la localización exacta de las viviendas de uso turístico y sus usuarios. La experiencia, como relató Manuel Castro, está siendo “muy positiva” por el momento y ya están en contacto con el resto de provincias de Castilla y León para expandirla. “Desde la Policía Nacional creíamos que era una necesidad controlar las viviendas de uso turístico que se encuentran fuera de la normativa vigente, donde pueden alojarse en un momento determinado grupos organizados de delincuentes o de terroristas”, señaló.

Además, el Gobierno autonómico está impulsando la colaboración directamente con las plataformas de comercialización de este tipo de viviendas turísticas, para controlar las que no cumplen con la legalidad. En este sentido, Ramírez anunció que ya se ha llegado a un acuerdo con Booking para garantizar que todas las viviendas turísticas que comercialice estén inscritas en el correspondiente registro de turismo de la Junta, donde actualmente figuran 1.401 viviendas.

Por su parte, Booking se compromete a exigir a todas las viviendas que se publiciten en su plataforma el correspondiente número de registro para garantizar su legalidad, así como a suprimir aquellas que no comuniquen dicha inscripción. Su colaboración, no publicitando aquellos alojamientos que no informen del número de Registro de Turismo de Castilla y León, será “un paso decisivo” en el control de la actividad ilegal de las viviendas de uso turístico.

En ese sentido, explicó que desde la Consejería se trabaja ya para extender este modelo de colaboración a otras plataformas de comercialización de alojamientos turísticos., si bien lamentó la existencia de ciertos vacíos legales que existen en la actual Ley de Comercio Electrónico, que permitirían aplicar posibles sanciones a las plataformas que no se adhieran. “Hemos instado al Gobierno central a que hagan modificaciones en la normativa estatal”, apuntó al respecto.