Una vez superados los tramites de la Comisión de Educación y del Pleno del Congreso, el polémico Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), mas conocida como ley Celaá, tiene el camino allanado para convertirse en la octava, se dice pronto, norma de enseñanza de la democracia. Un texto que nace con polémica y sin el consenso deseado que piden docentes, padres y numerosas organizaciones educativas.

Con un acuerdo previo entre el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas de ERC, al que después se sumó el PNV, la ministra de Educación, Isabel Celaá, sacó adelante una norma que sustituye a la ley Wert y que pone en pie de guerra a los principales partidos de la oposición, además de a la escuela concertada, que observa en la Lomloe un ataque frontal a su sistema educativo.

Uno de los criterios más controvertidos de la reforma educativa es la eliminación del castellano como lengua vehicular en toda España y como idioma oficial del Estado en la enseñanza, algo que ha hecho levantarse a PP, Cs y Vox, que ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, además de considerar que la ley Celaá es un ataque a la libertad de las familias en elegir centro concertado.

Precisamente, desde la Plataforma Más Plurales, integrada por representantes de la enseñanza concertada y privada, exigen la paralización de la norma porque consideran que «atenta contra la pluralidad» del sistema educativo y coarta la libertad de elección de las familias del tipo de centro que consideren más adecuado para la educación y formación de sus hijos. 

Mientras, desde el Gobierno defienden la tramitación de la nueva ley porque «hay que activar cambios profundos en el sistema de enseñanza para garantizar su calidad, como corresponde a países desarrollados», como señaló hace unos días la propia ministra.

Los nuevos cambios que introduce la Lomloe no solo afectan al castellano y a la educación concertada, a la que elimina las cuotas dadas por las familias, sino que se extienden a otros asuntos como la posibilidad de pasar de curso con varios suspensos, la eliminación de los centros de Educación Especial o el estudio de la Historia d e la democracia.

1-CASTELLANO. El español deja de figurar en la nueva ley como lengua vehicular de la enseñanza y también como idioma oficial del Estado en materia educativa. Las Administraciones serán las encargadas de garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

2-LENGUAS COOFICIALES. En aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura.

3-RELIGIÓN. La asignatura de Religión estará disponible en la oferta obligatoria, pero su nota no contará para procesos de acceso a la Universidad o para becas. Además, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa. 

4-VALORES CÍVICOS. Esta asignatura se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.

5-CURRÍCULO. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50 por ciento de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 por ciento para el resto.

6-REPETICIÓN DE CURSO. Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

7-SEPARACIÓN POR SEXO. Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.

8-EDUCACIÓN ESPECIAL. La nueva norma establece que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Serán las Administraciones las encargadas de prestar apoyo a los centros de Educación Especial para aquellos estudiantes que requieran una atención muy especializada.

9-ADMISIÓN DE ALUMNOS. Cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta per capita. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.

10-COMISIONES DE ADMISIÓN. Las comisiones de admisión se establecerán cuando la demanda de plazas supere la oferta y estas velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.

11-CONCERTADOS. La Lomloe elimina la denominada demanda social para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Además, no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones varias.

12-SUELO PÚBLICO. La ley Celaá prevé el incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Para ello, los municipios cooperarán con la Administración autonómica en la obtención de los solares necesarios para construir centros de titularidad pública.

13-PLAZAS EN INFANTIL. La intención de la nueva norma es que exista un aumento progresivo de las plazas públicas de 0 a 3 años. Con este fin, la ley promoverá la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas.

14-EDUCACIÓN SEXUAL. El nuevo currículo educativo fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde la etapa de Primaria.

15-HISTORIA DE LA DEMOCRACIA. Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la Historia de la democracia en España, la cual deberá plantearse desde una perspectiva de género.

16-IGUALDAD DE GÉNERO. Se impulsará el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y se promoverá la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.

17-DEFENSA DEL PLANETA. La intención de la nueva norma es fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.

18-SECUNDARIA. Los estudiantes recibirán una certificación oficial al concluir los estudios de Secundaria (ESO) con los años cursados y el nivel de las competencias adquiridas.

19-BACHILLERATO. Esta etapa educativa previa a la Universidad podrá realizarse en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.

20-EDUCACIÓN DE ADULTOS. Podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.

21-ALUMNOS SIN CUALIFICACIÓN. Las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.

22-INSPECTORES. La fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.

23-DIGITALIZACIÓN. La ley plantea el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.

24-ESCUELA RURAL. La comunidad deberá garantizar un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento.

25-EMERGENCIA. El Ministerio de Educación y las comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones de crisis, como es el caso actual de la pandemia por coronavirus.