Los jueces de los abusos bancarios aún tienen 3.600 casos

A. G. Mozo
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En seis meses, el 'macrojuzgado' de Primera Instancia 4 ya ha resuelto cuatro de cada diez asuntos de abusos bancarios atrasados. Sigue el equipo de cuatro jueces y 17 funcionarios, al que se suma ahora una segunda letrada a jornada completa

El atasco de demandas de abusos bancarios persiste otro año - Foto: J.TAJES

El plan de choque impulsado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)y el Ministerio de Justicia contra el colapso de más de 4.700 demandas por abusos bancarios que había en los juzgados de Valladolid está dando los frutos esperados, si bien aún necesitaría otro año para acabar con el atasco acumulado desde junio de 2017, después del fracaso de los dos planes de choque previos. Desde este mes de enero, hasta cuatro jueces conforman una suerte de ‘macrojuzgado’ de Primera Instancia 4 y a pesar de que todavía tienen por delante 3.609 asuntos relativos a cláusulas suelo, gastos hipotecarios o reclamación de intereses moratorios, el grueso se podría finiquitar a lo largo de la primavera de 2020, siempre que se mantenga esta medida y el ritmo de resolución conseguido durante los primeros seis meses, un tiempo en el que se han sacado adelante 2.709 casos, en torno al 70 por ciento de ellos (a un ritmo de unos 300 al mes) procedentes de ese atasco previo a la puesta en marcha de esta especie de ‘macrojuzgado’.
«La medida debe mantenerse. Se está resolviendo muchísimo con cuatro jueces, pero todavía siguen entrando asuntos», defiende el juez decano de Valladolid, Emilio Vega González. Se trata de un plan de choque histórico, peleado desde la judicatura local ante la situación de colapso que había a finales del año pasado, con algo más de 4.700 casos pendientes, y que ha venido a convertir Primera Instancia 4 en ese ‘macrojuzgado’. «A pesar de los refuerzos, este es un juzgado que soporta el triple de carga de trabajo que cualquier otro juzgado de los de Primera Instancia de Valladolid», destaca el delegado de Comisiones Obreras en la Administración de Justicia, Raúl Franco, que recuerda que, «durante meses se ha hecho todo con cinco funcionarios y con una letrada a los que se les asignó una prolongación de jornada  de cinco horas semanales».
2.709 CASOS EN SEIS MESES 

La estadística da la razón tanto al juez decano como al delegado sindical. Este ‘macrojuzgado’ ha resuelto 2.709 asuntos entre enero y junio de este año, 1.128 más de los 1.581 que se han ingresado en el mismo periodo. «Se va resolviendo lo que entra nuevo, pero se intenta dar prioridad a lo que ya lleva meses atrasado», explican. Porque en los 25 meses de vigencia del juzgado ‘exclusivo’, se han formulado 8.052 demandas por abusos bancarios en Valladolid, a un ritmo que ha ido a menos, pasando de los casi 500 mensuales del principio a los  poco más de 200 que entran de media en la actualidad.
Todo empezó el 1 de junio de 2017, cuando se crearon juzgados especializados en materia de los llamados abusos bancarios, ante la avalancha de demandas que se preveía después de los dictámenes favorables del Tribunal Supremo sobre las diferentes tipologías de abusos que se habían acreditado en los años anteriores.
Valladolid tuvo que conformarse con una especie de juzgado bis, adscrito al de Primera Instancia 4, pero formado solo por una jueza en prácticas y media docena de funcionarios en prolongación de jornada, a razón de esa cinco horas semanales, para ir dando salida a todo lo que fuese entrando. Y lo que llegó fue una avalancha de 3.008 asuntos en siete meses, lo que, de facto, colapsó esa especie de mini juzgado que solo pudo dar salida a 255 expedientes en medio año.
La situación no suponía ninguna sorpresa para la judicatura local que ya llevaba meses advirtiendo de la carencia de medios con la que se trabajaba y de las consecuencias. Entonces, llegaron los primeros parches y se decidió mantener el bis para todos esos casos atrasados y nombrar a Primera Instancia 4 como juzgado exclusivo de todo lo que entrase a partir del 1 de enero de 2018, un año en el que entraron otros 3.463, mientras que solo se pudo resolver 1.784, pese a ser dos los jueces y a contar con aquella media docena de funcionarios (cinco y una letrada) de apoyo a tiempo parcial.
Y entre el pasado diciembre y enero llegó el plan de choque que se llevaba tiempo reclamando al CGPJy el Ministerio. Así, a los dos jueces existentes, se sumaron otros dos de refuerzo, así como otros cuatro funcionarios (junto a los cinco que ya estaban de apoyo y los ocho del juzgado, para sumar 17, todos a jornada completa). Y ahora se ha aprobado un último refuerzo, con la concesión de otra letrada que se suma a la titular de Primera Instancia 4 y que era la única parte que continuaba siendo un refuerzo parcial, puesto que solo había una letrada de apoyo, en prolongación de jornada de cinco horas.
El nombramiento de la segunda secretaria, pese a ser recibido como una buena noticia, ha causado un «cierto malestar» en el juzgado, ya que eso ha supuesto el cese «de la letrada que llevaba trabajando ahí desde el principio, y echando muchas más de esas cinco horas», tal y como destaca Raúl Franco, quien cree que «sería importante haber dejado a tres letradas para poder ayudar a que ese atasco se acabase antes».