La reedición del pacto entre PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) estaba casi «encarrilada» en lo político, pero diferencias de última hora sobre las competencias de cada concejal han provacado que VTLP aplace la consulta a los más 1.700 inscritos de la formación prevista para este fin de semana. Una decisión que tuvo su respuesta casi inmediata por parte del alcalde, Óscar Puente, quien comunicó a los tres ediles de VTLP que empezaba a trabajar en un equipo de Gobierno en solitario y daba por cerradas las negociones si no se retornaba al acuerdo inicial.

Fuentes consultadas por este periódico, advirtieron de que esta complicada situación no tendría marcha atrás a no ser que fueran los ediles de la plataforma los que cambiaran su postura. 

Y eso a pesar de que las negociaciones entre ambos partidos solo habian tenido un momento de tensión a principios de esta semana, cuando los concejales de VTLP conocieron de primera mano la propuesta del alcalde electo, Óscar Puente, de pasar de ocho a doce concejalías. Pero la situación se recondujo al día siguiente, y el principio de acuerdo que se alcanzó el martes se iba a someter a votación entre sus bases este fin de semana. Pero todo cambió durante la jornada del viernes. Primero, Alberto Bustos cuestionó cómo se iba a gestionar la dirección política del equipo de Gobierno y a última hora se anunció el aplazamiento de la consulta porque consideraban que el acuerdo previsto no estaba cerrado, ni en lo que se refiere a la estructura organizativa del Ayuntamiento ni en el programa común.

Esta postura de Toma la Palabra tuvo su respuesta en el anuncio por parte del alcalde de empezar a trabajar en un Gobierno en solitario, con 11 concejales de los 27 que componen el Pleno.

Nueva estructura. La nueva distribución de competencias en el futuro equipo de Gobierno estaba casi cerrada, aunque los dos partidos tenían intención de seguir trabajando en ella y en las necesidades de personal de cada concejalía durante la próxima semana. La idea inicial era firmar el pacto antes del próximo 15 de junio, día en que se constituye el nuevo Pleno.

La nueva organización dibujada por el alcalde electo, Óscar Puente, para conseguir una gestión «más eficaz» dejaba a los concejales de VTLP en las mismas concejalías, aunque con algunas competencias menos porque defiende que este mandato pasado han estado «sobrepasados». De hecho, fuentes próximas a las negociaciones destacaron que la clave del acuerdo era «el cariño alucinante» con el que Puente ha tratado a sus socios, y que creían había "curado parte de sus heridas electorales". Algo que colisiona directamente con la última decisión adoptada por el regidor. 

El nuevo organigrama municipal que se había acordado dejaba al candidato de VTLP, Manuel Saravia, en la Concejalía de Urbanismo, que perdería la sección de licencias para pasar a la nueva Concejalía de  Espacio Urbano y Movilidad, gestionada por el socialista Luis Vélez, que pierde Seguridad. Un área de la que se encargaría uno de los nuevos fichajes de Puente, el médico José Antonio Otero, junto con Salud Pública. Esta última competencia salía de la Concejalía de Medio Ambiente, gestionada por la portavoz de VTLP, María Sánchez, que también perdía Limpieza aunque recupería Parques y Jardines, que inicialmente también salía de sus competencias.

El tercer concejal de Toma la Palabra, Alberto Bustos, seguiría gestionando Participación Ciudadana y Deporte, pero de su Concejalía saldría Juventud, que pasaría a ser gestionada por las socialista Mª Victoria Soto, junto con Educación, Igualdad e Infancia. El macroárea de Bustos también se encargaba de Informática que pasaría a ser potestad de Pedro Herrero, el hombre fuerte de Puente y posible portavoz del grupo, aunque este extremo todavía no estaba confirmado.

Herrero se haría cargo de una nueva Concejalía denominada de Planificación y Recursos, que se encargará de la coordinación política, de Hacienda y numerosos servicios de atención al ciudadano. Además, de él dependerá una de las dos nuevas concejalías adscritas, la de Recursos Humanos, que dirigirá el abogado vinculado a CCOO, Juan Carlos Hernández. Este será uno de los grandes cambios del equipo de Gobierno porque Hernández se encargará de las necesidades de personal de todas las áreas y de negociar con los respectivos servicios para conseguir una distribución «equilibrada» del personal.

La otra concejalía adscrita será la de Convivencia y mediación comunitaria. Al frente de la misma estará otro de los fichajes estrella de Puente, la primera mujer gitana licenciada en Derecho, Carmen Jiménez. Su área dependerá de la de Servicios Sociales, al frente de la cual seguirá la socialista Rafaela Romero. 

En Cultura y Turismo, seguirá Ana Redondo, que pierde las competencias de Comercio en favor de la nueva Concejalía que se ha creado para Charo Chávez, otro de los nombres que Puente ha sumado a su equipo tras haber ejercido de portavoz de Sí Se Puede Valladolid durante el pasado mandato. Chávez, que ha estado presente en las negociaciones con los concejales de VTLP junto con Pedro Herrero, estará al frente de un área que, además de Comercio, suma Innovación, Desarrollo Económico y Empleo.

Diferencia. Esta estructura difería bastante de la que propuso inicialmente VTLP, con nueve concejalías: Hacienda, Personal y Seguridad; Empleo, Promoción Económica y Turismo; Movilidad; Educación y Cultura; Servicios Sociales; Medio Ambiente; Igualdad e Infancia; Participación, Juventud y Deportes y Urbanismo y Vivienda. Y estaba muy lejos de las seis que inicialmente planteaba en las negociaciones de 2015. En aquel momento se destacó que el acuerdo que organizó el Gobierno en ocho áreas reducía el coste global de la cúpula municipal 150.000 euros y, además, se acordaba iniciar el procedimiento para un cambio del reglamento interno para reducir los salarios de los concejales.

Una idea que seguía en la cabeza de los concejales de VTLP, pero que se había apartado inicialmente porque la diferencia de representación entre ambos grupos hacía que llegaran sin «líneas rojas». Sólo su portavoz, María Sánchez, apuntó que los dos concejales adscritos cobrarían menos que los ediles de área. En esta ocasión su gran caballo de batalla era vincular las áreas de trabajo a proyectos «importantes». «Tener áreas potentes, no sólo los concejales de VTLP, para asumir los retos de futuro», recalcan. Entre esos proyectos destaca la integración ferroviaria, la apuesta por la mancomunidad urbana y que Valladolid la lidere, la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos o el desarrollo del Parque Agroalimentario. También se apunta definir el proyecto para el convento de Santa Catalina.

Liberaciones  y sueldos pueden volver a marcar el mandato

La nueva Dirección del grupo Popular ya ha puesto sobre la mesa la necesidad de modificar el reglamento municipal para garantizar que los cargos se ejerzan con «dignidad». El PP considera que sería necesario tener más personal al servicio de los grupos municipales. Esta declaración de intenciones verbalizada por su portavoz, Pilar del Olmo, choca frontalmente con la propuesta de VTLP de rebajar el gasto de los concejales con cartera o dedicación exclusiva. Un frente que ya se abrió el pasado mandato, pero las posiciones frontales entre los grupos evitaron la reforma. Eso sí, hubo damnificados porque el PP consiguió rebajar el sueldo del alcalde. 

En la actualidad los sueldos estipulados son  76.500 euros brutos para el alcalde;70.144 euros para los tenientes de alcalde y concejales con cartera; 57.746 euros para los portavoces de los grupos municipales; 19.036 para los concejales con dedicación a tiempo parcial y 11.002 para los que no tienen dedicación exclusiva. Además, se establece que cada grupo municipal tiene derecho a un trabajador por cada cinco concejales o fracción. Lo que según los resultados de las elecciones municipales propicia que el PSOE tenga derecho a tres;el PP a dos frente a los tres que tenía hasta ahora;VTLP, Cs y Vox a uno.

Una petición que Pilar del Olmo ha trasladado a Óscar Puente en los encuentros «protocolarios» que han mantenido, donde reconocen «declaraciones de intenciones» en este sentido. Además, la ‘popular’ respalda que el alcalde fije las áreas que considere oportunas para que la atención los ciudadanos sea «eficaz». Una decisión que inicialmente no gustará nada a los socios de Puente, que siguen con la idea de rebajar los gastos políticos.