El Gobierno de España ha movilizado un total de 6.666,3 millones de euros desde marzo en Castilla y León para paliar los efectos de la crisis económica y social provocada por la pandemia, según los últimos datos disponibles, de los cuales, 2.585,8 millones son ayudas directas.
Según informó hoy el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, este montante resulta de la suma de prestaciones del SEPE, incluidos desempleo y ERTEs (932,8 millones); prestaciones a autónomos (195,6 millones); cantidades transferidas en concepto de Fondo de Alimentos (1,8 millones); Fondo Social Extraordinario (17,7 millones); fondos Feder (209,5 millones más); los 385 millones correspondientes al modelo de financiación, y los distintos tramos del Fondo COVID, mediante el que han llegado a la Comunidad un total de 843,4 millones de euros, a disposición de la Junta de Castilla y León, que, además, no deben reembolsarse.
Las cifras disponibles a 30 de noviembre, que recogen datos actualizados en los meses de septiembre y octubre, incrementan sustancialmente las cantidades destinadas a los trabajadores y ciudadanos de Castilla y León del anterior balance. Así, en septiembre, un total de 91.516 trabajadores castellanos y leoneses percibieron algún tipo de prestación por un importe total de 92,9 millones de euros. De ellos, 40.920 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que supone un total de 20,5 millones de euros.
Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 932,8 millones de euros (de los cuales, 396,6 corresponden a ERTEs), es decir, 557,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Con respecto a los ERTE, en Castilla y León, el 88 por ciento de los trabajadores afectados por uno de estos expedientes de regulación temporal de empleo desde el inicio de la pandemia se han reincorporado ya al mercado laboral. De los 145.505 afectados a 30 de abril, el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedan 16.952 trabajadores en ERTE a 31 de octubre. Estos datos no incluyen la nueva figura de ERTE del RDL 30/2020 de 30 de septiembre de 2020.
Por otro lado, desde el inicio de la crisis, 84.617 autónomos han recibido algún tipo de prestación. De ellas, 75.505 corresponden a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad vigente hasta el 30 de junio. Desde esta fecha hasta el 31 de octubre, 9.112 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad.
Con respecto a los derechos sociales, a Castilla y León le corresponden 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (5,9 por ciento del total) para minimizar el impacto social de la pandemia. La Comunidad ha dispuesto de 1,8 millones de becas comedor que han dado cobertura a 8.000 familias y se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.
A todo ello hay que añadir los 4.080,5 millones de euros en préstamos ICO. A 15 de noviembre, en Castilla y León se han aprobado 44.141 operaciones, que afectan a 28.688 empresas, por un importe avalado de 3.162,2 millones de euros y una financiación total de 4.080,5 millones.
Por último, Castilla y León ha recibido 843,4 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia: 544,8 millones (el 6,1 por ciento de los 9.000 del primer y segundo tramo -gasto sanitario-), 84 millones (el 4,2 por ciento de los 2.000 del tercer tramo -gasto educación-) y 214,6 millones (el 4,3 por ciento de los 5.000 del cuarto tramo -compensación de ingresos por caída de actividad-).