Absuelto. Ni dilató el proceso para la renovación de una licencia de armas ni perjudicó al cazador. José Z.P., el subteniente de la Guardia Civil responsable del servicio de Intervención de Armas de esta provincia, no prevaricó a lo largo de su actuación profesional con Fernando S.G., el cazador que le denunció ante la justicia penal, le consiguió llevar al banquillo de los acusados y que le expuso a unas penas de entre siete y diez años de inhabilitación, lo que, de facto, se habría traducido en su fulminante expulsión del Cuerpo.
La sentencia de la Sección II de la Audiencia Provincial de Valladolid deja bien a las claras no solo que el oficial no tenía el poder final sobre las licencias de armas, sino que, en realidad, fue el denunciante el que «contribuyó a la paralización» del proceso a través de su «reiterada conducta omisiva», según recoge literalmente el fallo, al que los tres magistrados de la Sala llegaron por unanimidad.
La resolución de la Audiencia, a la que tuvo acceso este diario en fuentes del caso, recuerda que «la labor del acusado en este tipo de expedientes era estrictamente administrativa» y que «no tenía competencia para la emisión de una resolución», sino que él solo hacia acopio de documentación, revisaba los antecedentes -si los tuviese- y el comportamiento del solicitante de cada licencia y ya lo remitía a León, a la XII Zona de la Guardia Civil, que es donde, en realidad, se resuelve cada uno de los expedientes. Por ello, el fallo descarta que José Z.P. prevaricara desde su cargo para perjudicar a sabiendas y de forma intencionada a Fernando S.G.
Es más, la sentencia recuerda que se le concedieron dos prórrogas de tres meses de su licencia mientras se estudiaba su caso y carga con dureza contra el denunciante, una persona «con una experiencia de más de 30 años» en el ámbito del mundo de las armas y que tiene a su nombre, tal y como refiere la Audiencia, hasta 154 armas (tanto activas como inutilizadas). En el fallo se pone de manifiesto que el denunciante eludió entregar la documentación que se le pedía por el interventor para acreditar que su armero -el espacio en el que se tienen que guardar, bajo llave, ciertos tipos de armas- estaba en orden, puesto que la Intervención había descubierto que presentaba varias deficiencias de seguridad y había dentro el doble de armas de las que tenía autorizadas (seis en vez de tres).
Una pistola implicada en un delito. Incluso un juez llegó a ordenar un registro de la casa del denunciante ante la negativa de éste a enviar fotos del estado de su armero y después de que se descubriese que una pistola de la marca Star que había sido suya, se había visto implicada en un delito.
Recuerda por último la sentencia que la licencia que solicitaba esta persona, una tipo D para armas largas rayadas (rifles para la caza mayor) es un material «sensible» y que ello «justifica la exacerbación de las cautelas» que se tomasen por parte de la Guardia Civil a la hora de la renovación de la citada licencia.