Mayo de 2019. Una denuncia de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) llega a la oficina del Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de Valladolid alertando de que un grupo radicado en Castilla y León estaba «distribuyendo contenidos audiovisuales (series, vídeos baja demanda, televisión...) a cambio de cuota mensual o anual de forma fraudulenta a miles de usuarios a toda España». Casi un año después y tras muchísimas horas de trabajo, se destapaba una organización que habría provocado un perjuicio económico de 15 millones de euros.
«Ha sido una investigación muy laboriosa de análisis y en fuentes abiertas en internet, deduciendo que nos encontrábamos ante un auténtico entramado criminal», recuerda el inspector jefe del GITde la Brigada de Policía Judicial de Valladolid, Victoriano Panizo.
Las pesquisas llevaron a este equipo especializado de agentes hasta dos de los cabecillas. Uno que operaba desde Salamanca y que se encargaba de «gestionar una web donde anunciaba sus ‘servicios’ y captaba ‘clientes’»; y otro, afincado en Zamora, que «lideraba un grupo cerrado en la ‘app’ de mensajería Telegram». «Después, a lo largo de la investigación conseguimos ya identificar al resto de los miembros de este entramado, que, después de numerosas comprobaciones y vigilancias, los centramos en la provincia de Valencia, Córdoba y Benalmádena (Málaga)», detalla Panizo.
La Operación Rex se convirtió pronto en un «reto» para el GIT, que se tenía que enfrentar a una serie de elementos «novedosos». No solo por el uso de Telegram –una aplicación «muy opaca y muy poco colaboradora con las Fuerzas de Seguridad de España», puntualiza el inspector–, sino por toparse con esos cabecillas que ocultaban sus operaciones tras la identidad de terceras personas «para contratar líneas de teléfono o abrir cuentas bancarias». Una de sus ‘víctimas’ fue un pastor zamorano que «no tenía conocimientos de internet» y que «alucinaba» cuando la Policía le tomó declaración, recuerda el inspector jefe del GIT. «También supuso muchos días de trabajo minucioso el desentrañar todo el entramado financiero que usaba la organización», apostilla.
GUARDABAN LINGOTES DE ORO
Panizo no solo pone el énfasis en los siete detenidos, los seis registros simultáneos o los efectos que se intervinieron, como siete lingotes de oro y 10.500 euros en efectivo, sino también en la entidad de una operación que ‘desconectó’ a más de 5.673 usuarios a los que se le ofrecía tanto paquetes de televisión como plataformas de vídeo bajo demanda (Netflix y HBO). Estaban ante el gran golpe del GIT: «Sólo el perjuicio patrimonial ocasionado en el último año a los titulares de los derechos ascendió a unos 11,8 millones de euros, más otros 3,1 a Hacienda, para darse cuenta de la magnitud de la operación», detalla el jefe del Grupo de Investigación Tecnológica, quien reconoce el «orgullo» que ha supuesto para su equipo liderar esta operación, con una labor ingente de coordinación y que ha tenido hasta repercusión en medios de EEUU, y por la que han recibido felicitaciones tanto de EGEDA como de la asociación cinematográfica internacional MPA (Motion Picture Association).
«Los ciudadanos muchas veces no son conscientes que creadores, trabajadores y productores de la industria audiovisual también lo están pasando muy mal con la crisis derivada del coronavirus, al ver que su película o serie están siendo ‘consumida’ de manera masiva sin autorización; sin tener en cuenta el tiempo, el esfuerzo y los recursos dedicados para su creación. Además, esas conductas fomentan que bandas criminales, como la desarticulada, obtengan grandes beneficios», concluye.