El vicepresidente, portavoz, y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio, y Acción Exterior, Francisco Igea, anunció hoy que la Inspección de Servicios está realizando un estudio sobre el desempeño del trabajo en régimen no presencial de los empleados públicos de la Administración autonómica para evaluar cómo se está haciendo tras el cambio de modelo impuesto por el coronavirus.

Igea, que compareció a petición propia ante la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes, indicó en declaraciones recogidas por Ical que es una herramienta para evaluar el desempeño del trabajo en la administración del futuro, que aseguró será telemática.

En ese sentido, Francisco Igea señaló que se trata de extraer un sistema normalizado en todas las circunstancias para favorecer la implantación del teletrabajo en la administración. Aseguró que es el momento de implantar la administración electrónica una vez que la realidad ha colocado frente a esta realidad de una manera “abrupta”. Esto, añadió, “no admite más retrasos”.

El vicepresidente señaló que la evaluación es un proyecto que buscar mejorar la máquina de fotos, no de hacer la fotografía. Defendió que la administración ha funcionado con relativa normalidad gracias al teletrabajo o trabajo en remoto, que recordó se ha generalizado y que a su juicio es “legal y tecnológicamente viable” y mejora la vida personal del empleado público.

Por tanto, Igea insistió en que este es el momento desarrollar y consolidar un modelo de atención y asistencia al ciudadano a la altura del siglo XXI. También avanzó otros cambios ligados a la simplificación burocrática, la reducción de plazos, la eliminación trámites, el cambio de la autorización previa a la declaración responsable y del silencio administrativo, que pasará de tener negativo a positivo. Todo, ello, añadió, contribuirá a mejor salida a la crisis del coronavirus.

También el vicepresidente de la Junta informó que se ha permitido la compatibilidad temporal de dos trabajos por razones de interés público, si el segundo afectaba a un centro sanitario y sociosanitario, con una mayor flexibilidad. Además, avanzó la puesta en marcha de la denominada ‘huella normativa’, para garantizar la máxima divulgación en la fase administrativa.

Finalmente, el vicepresidente de la Junta abogó por mantener el porcentaje del Presupuesto General de la Comunidad destinado a las ayudas al desarrollo a pesar de las dificultades que impone la lucha del coronavirus.